Se echa de menos un poco de racionalidad en la crisis política planteada por el atentado de ETA en Barajas. El terrorismo ha golpeado a cientos de familias españolas en más de cuarenta años. En este caso también a familias ecuatorianas. Pero a quien ha sacudido una vez más es a un presidente del gobierno que pretendía acabar con la violencia política y puede ser víctima política de ella.
No se le puede achacar a Zapatero que cediera a los supuestos pactos establecidos con la banda terrorista. Nadie ignora que esos pactos existieron. Hay que suponer que esos acuerdos preliminares establecían condiciones que las dos partes se habrían comprometido a observar en tiempo y forma.
Lo más interesante a estas alturas, al margen de las dos muertes y de los destrozos materiales perpetrados en Barajas, es saber qué cláusulas contenían esos pactos. Si nos dejamos llevar por la literatura publicada hasta ahora, sin acudir a las teorías conspirativas de rigor, Zapatero se habría comprometido a un acercamiento progresivo de presos a Euskadi y a buscar mecanismos legales para que Batasuna pudieran esquivar la Ley de Partidos y presentarse a las próximas elecciones municipales.
ETA habría mantenido la tregua permanente que habría convertido en definitiva con un eventual anuncio de abandonar las armas si se aceptaba el derecho de autodeterminación con una apertura de conversaciones para tratar la cuestión de Navarra.
El error de Zapatero no ha sido el abrir un proceso de diálogo con los terroristas, una inicaitiva que ha compartido con todos sus antecesores en La Moncloa. Su error fue presentarse en el Congreso anunciando que se abrían negociaciones con ETA porque se cumplían las circunstancias que lo permitían. No era así.
A este error hay que sumar que no contaba con el apoyo del Partido Popular que le impedía mover una sola pieza, a pesar de que en sus tiempos Aznar había ordenado el acercamiento de presos para alcanzar un acuerdo con ETA.
Zapatero se echó a la piscina sin comprobar si había agua. Hay que pensar que no cumplió ninguno de los acuerdos previos con los etarras y cometió la ligereza de abrir negociaciones esperando que ETA cumpliría con los suyos.
Nadie cumplió nada y el proceso se pudrió porque no estaba avalado con hechos por ninguna de las dos partes. ETA daba avisos y se entregaba a actos de violencia menores hasta que forzó la máquina y se personó criminalmente en Barajas, coincidiendo prácticamente con las declaraciones de Zapatero asegurando que el proceso marchaba viento en popa.
Me recordaba ayer un amigo muy leído aquella expresión de nuestro estrafalario Peius Gener cuando dijo aquello de “endavant, endavant, sense idea i sense plan”.
No se puede culpabilizar a Zapatero de que haya roto la legalidad vigente ni tampoco que haya negociado con ETA. Lo que cabe recriminarle es su frivolidad al pensar que él solo podía proseguir con el proyecto de paz sin que nadie hubiera movido ni una sola pieza.
La potente bomba de Barajas ha puesto el contador a cero. El proceso de paz no puede continuar en los términos pactados. El Estado no puede dimitir de sus funciones y deberá proseguir con las acciones policiales y judiciales aplicando la ley en todos sus extremos.
Zapatero ha pagado un precio alto al intentar arrinconar al Partido Popular y lanzarse a una aventura prácticamente en solitario sin contar con el respaldo de una gran mayoría de la representación parlamentaria.
Vivimos en un país extraño en el que desde 1993 el terrorismo ha jugado una baza principal en casi todas las elecciones generales. Un país brusco, cainita, que con mucha frecuencia recurre a la violencia al margen de la racionalidad.