Nobel a un presidente en guerra

Un presidente con dos guerras abiertas aceptará hoy el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. Barack Obama no se postuló para recibir el galardón, es más, fue una sorpresa para él cuando su hija le avanzó la noticia a la hora del desayuno en la Casa Blanca.

La exposición de motivos del jurado noruego resaltaba la aportación de Obama al “diálogo y las negociaciones como instrumentos para resolver los conflictos internacionales más difíciles”. La oratoria de Obama es brillante, comparable a la de Lincoln, Jefferson, Churchill, Luther King y Charles De Gaulle. Sus discursos son impecables, cautivadores, convincentes.

Espero conocer el mensaje de Obama para ver cómo se puede aceptar el Nobel de la Paz, una semana después de haber ordenado el envío de otros 30.000 soldados a Afganistán y convencer a los aliados para que suministren otros 5.000 combatientes.

Sospecho que el discurso de Obama será otra pieza oratoria que tendrá que justificar el hecho de pasar por un presidente pacífico siendo el comandante en jefe de ejércitos que suman más de doscientos mil soldados sólo en Iraq y Afganistán, donde las matanzas diarias ya no merecen la atención de los informativos.

Las guerras son, además de la muerte y los sufrimientos, un torrente de palabras que esconden la miseria de la condición humana y que causan escalofrío. A la crueldad de los conflictos se suma la retórica que impregna hasta a quien la escucha. Detrás de las palabras hay violencia, bombas, víctimas inocentes o beligerantes.

Sólo dos presidentes norteamericanos en ejercicio en recibido el Nobel de la Paz. Theodore Roosevelt lo recibió en 1906 después de haber mediado en la guerra ruso-japonesa de 1905. Woodrow Wilson lo consiguió en 1919 cuando había ya terminado la Gran Guerra en la que el presidente norteamericano había escrito los famosos catorce puntos del Tratado de Versalles que después no fueron ratificados por el Congreso de Washington.

Es cierto que si Henry Kissinger y Yasser Arafat han sido galardonados con el Nobel de la Paz, cualquiera puede optar a este galardón.Es cierto que sin palabras y sin el convencimiento de su significado es difícil vivir y que perder esa fe en el lenguaje es abandonarlo casi todo.

Pero decía Goethe en sus conversaciones con Eckermann que el “estilo de un escritor es la impronta fiel de su interior. Si alguien quiere un estilo claro, que tenga antes las cosas claras en su alma, y si alguien pretende escribir en un estilo grandioso, que su personalidad también lo sea”.

Sabemos las promesas de Obama sobre Guantánamo, Iraq, Afganistán y la nueva proyección internacional de Estados Unidos. Hasta ahora han sido bellos discursos. Conciliar guerra y paz es posible en la literatura. En política es mucho más complicado.

El nombre de la cosa

Las sociedades valoran más los actos que las intenciones, las realidades que los discursos, la solución de los problemas que las teorías sobre cómo resolverlos. Tanto discurso sobre la Constitución en un nuevo aniversario del periodo más largo de progreso, convivencia y libertad que ha conocido nuestra historia, es sospechoso y no augura nada bueno.

Es paradójico que tanta invocación constitucional coincida con la tensión política creada por la incapacidad del tribunal que tiene que dictar sentencia sobre el recurso del Estatut catalán. El problema no es la Constitución sino quienes la tienen que interpretar.

Establecía José Bono un simil deportivo al afirmar el papel arbitral de la Constitución como ley suprema a la que todas las demás leyes tienen que ajustarse. Pero no dijo el presidente del Congreso que los máximos árbitros llevan tres años sin emitir una sentencia y que no se atreven a silbar el final del partido. Esta inexplicable demora desprestigia al alto tribunal y hace daño a la misma Constitución.

El pacto de la transición no fue jurídico sino político. Se alcanzó con la meta colectiva de respetar la diversidad, especialmente al tratar aquellos que no compartían las metas comunes y para ofrecer salvaguardias adecuadas para los derechos fundamentales.

Diversidad cultural, ideológica y territorial. El Estado autonómico es algo más que una descentralización administrativa que cede competencias con sus presupuestos respectivos. Es la aceptación de que no hay una única manera de ser español como no hay una sola forma de ser vasco, catalán, andaluz o madrileño.

Soy de la opinión de que los derechos individuales preceden a los de los pueblos y a los de los estados. Las democracias de corte anglosajón, la británica y la norteamericana, constituyen un estado social que descansa en la libertad de cada uno en escoger las opciones que mejor le parezcan. No hay inconveniente en que Escocia sea un Reino o que Tejas sea un Estado.

Según parece, el tema encallado en el Constitucional es que los catalanes se consideren una nación. ¿Tan importante es el nombre de la cosa cuando otras autonomías, como la andaluza, proclame que es una realidad nacional? Lo importante es asegurar la lealtad de los ciudadanos a un proyecto común compartido que no debe necesariamente ser unívoco. El federalismo alemán es una pauta.

Laberinto de Obama en Afganistán

Enviar más tropas norteamericanas ahora para retirarlas todas en el 2011. Este podría ser un resumen del anuncio del presidente Obama de enviar otros treinta mil soldados a Afganistán que se unirán a los casi setenta mil desplegados en ese fiero país de Asia central.

El pragmatismo conciliador de Obama es ciertamente un contrapunto potente a las impetuosas certezas morales de George Bush. Obama no ha recurrido a los errores de su antecesor para salir del laberinto de Afganistán. No puede mirar al pasado para resolver los conflictos del presente.

Pero debería haberlo hecho porque la presencia militar de Estados Unidos en Iraq y la gran coalición internacional en Afganistán que cuenta con casi cuarenta mil soldados no fue iniciativa suya. Las tropas desplegadas en Iraq tienen un calendario de retirada. Las de Afganistán, también, aunque con la extraña fórmula de enviar otros treinta mil soldados.

El síndrome del presidente Johnson le acecha. Sabía su antecesor que reclutar más soldados para enviarlos al infierno de Vietnam en los años sesenta era una equivocación. Y, sin embargo, lo hizo. Por la presión del ejército que le prometía ganar la guerra y por defensar a un gobierno en Saigón que era tan corrupto y tan ilegítimo como el que hoy controla Kabul y sus alrededores.

La guerra en Afganistán está perdida en las praderas de las planicies afganas y en las montañas del Himalaya. Los rusos se lo han advertido y los británicos lo saben por experiencia al haber perdido tres guerras en aquella parte del mundo a finales del siglo XIX. La experiencia reciente demuestra que, efectivamente, se derrocó el régimen de los talibanes que fue la incubadora de terroristas que cometieron el atentado más sangriento que han conocido Estados Unidos en su historia.

El mundo se puso al lado de Washington tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001. La intervención militar en Afganistán recibió los apoyos de la comunidad internacional. Pero los talibanes siguen causando bajas a las tropas norteamericanas y a las de la coalición internacional.

En Alemania se ha cobrado la dimisión de un ministro por haber mentido sobre un bombardeo sobre civiles. La canciller Merkel duda sobre el envío de más tropas. El presidente Zapatero sigue haciéndose perdonar el pecado de la primera semana de su mandato al ordenar la retirada de Iraq y ahora se rinde a las insinuaciones de Obama para enviar más soldados a Afganistán.

Al igual que en Vietnam, la guerra de Afganistán está ya perdida en la opinión pública internacional, la norteamericana también. No es una guerra popular. Mantener a un gobierno llamado democrático que no ha sido elegido democráticamente es una contradicción. No es sorprendente que la popularidad de Obama haya descendido en picado

Libertad y confusión

Sería más interesante que la libertad no se dirimiera a gritos sino tranquilamente, con argumentos, pensando en que el otro existe y tiene también sus razones para pensar igual o de distinta manera que uno mismo.

Josep Fontana recuerda en La época del liberalismo, la existencia de un viejo republicano, José María Bonilla, que hace más de un siglo hacía esta amarga reflexión: “todo cuanto existe en España es contrario a la existencia de la libertad”.

Vivimos afortunadamente en una sociedad democrática y libre en la que las ideas y las opiniones circulan a gran velocidad y en todas direcciones escrutando las acciones de las personas con proyección pública. Todo interesa a nuestra era de consumo de una masa crítica de información sin precedentes.

Pero la libertad es uno de los valores que también hay que reconciliar con los demás. Uno de ellos es la responsabilidad en el sentido que, por ejemplo, una mentira tiene efectos perniciosos al igual que una verdad a medias, por mucha libertad que se invoque. Sería peligroso que nos instaláramos en un ambiente confuso sobre la libertad porque conduciría a un dogmatismo que sería hostil a la propia libertad.

Los liberales, que en Estados Unidos se identifican con el Partido Demócrata, sostienen que las personas no pueden ser libres si son pobres o tienen una educación deficiente, en suma, si no se disfruta de ella con algún grado de igualdad social.

En el debate suscitado por el Estatut de Catalunya, encallado en un Tribunal Constitucional que incumple los requisitos formales en la propia composición de sus miembros, se ha levantado una gran polvareda política y periodística en la que la libertad de los individuos queda supeditada a los intereses de la nación española o de la nación catalana. Los argumentos se esgrimen con pocos matices, se expresan en blanco y negro, con un griterío político y mediático que ensordece.

El Tribunal Constitucional hace un triste papel al no estar al día porque socialistas y populares no se han puesto de acuerdo en renovarlo. Y no parece que tengan intención de hacerlo rápidamente. La conclusión, a mi juicio, va más allá de una decisión jurídica del más alto tribunal que ha de velar por el cumplimiento de la Constitución de 1978.

Parece más bien la constatación de que los dos grandes partidos españoles no aceptan un Estatut que ha hecho todo el recorrido preceptivo para estar en vigor.

La España que no se gusta

España no les gustaba tal como era y era preciso europeizarla a toda costa. Ésta es una de las conclusiones a las que llega Vicens Vives en su Aproximación a la historia de España, publicada por primera vez en 1955, al referirse al abatimiento peninsular como consecuencia de la pérdida de las colonias y su desprestigio en Europa.

¿Qué es España?, se preguntaron los intelectuales y literatos de la época, una pregunta que ha sido formulada de muy diversas maneras en los últimos cien años mientras la confrontación entre españoles se bañaba con la sangre de la guerra civil, dos largas dictaduras y desencuentros varios.

La Constitución de 1978 inauguraba el periodo más largo de paz, libertad y progreso que ha conocido el país y que ahora vuelve a ponerse en peligro, precisamente por cuestionarse nuevamente la idea de España, esta España siempre inacabada, en tiempos en los que el país está anclado en todas las instituciones políticas, económicas y militares de la comunidad democrática occidental, de las que nuestra turbulenta historia nos situó fuera de ellas.

Sobre qué forma se daría a la futura España que ambicionaban los protagonistas de la generación de 1998, sigo con Vicens Vives, hubo divergencia de miras: “los periféricos, sobre todo los catalanes, predicaron una solución optimista, constructiva, burguesa e historicista; los castellanos, en cambio, se caracterizaron por su pesimismo, el desgarro de su pasado, su aristocratismo y su abstractismo. Ambos grupos tenían su razón de ser en un nacionalismo ardiente, que deseaba quemar etapas y restaurar la grandeza de España. Si ello no era posible, si España estaba muerta, los catalanes, los vascos y los gallegos habrían de renunciar a sobrellevar el peso de Castilla. Todo el problema estaba ahí”.

Las circunstancias han cambiado. España no está muerta, en buena parte porque hace treinta años empezó a escuchar tímidamente a los que le “hablaban en lengua no castellana”, como imploraba Joan Maragall en su conocida Oda a España, escrita precisamente en 1898.

España ha progresado no solamente por la descentralización administrativa y política, como consecuencia de la implementación de la Constitución de 1978, sino por el espíritu de mutuo reconocimiento que ha hecho que el concepto de Estado centralista hubiera soltado lastre hacia Europa y hacia las Comunidades Autónomas.

Lo que fue un problema insoluble y endémico pasó a ser una solución que ha dado frutos incuestionables. Si la derecha o la izquierda españolas quieren revertir esta realidad se corre un grave riesgo. Si los garantes de la ley y el espíritu de la Constitución no tienen en cuenta la historia y la fuerza de los hechos se les podría achacar la célebre frase atribuida a Tayllerand: es peor que un crimen, es un error.

Las sonrisas sostenibles

Ha nacido la ley de la sostenibilidad entre sonrisas, alfombras rojas, pasarela de ministras y ministros desfilando en formato de entrega de oscars y el presidente Zapatero y su señora Sonsoles descendiendo risueños por una escalera mecánica ante la euforia de una audiencia entregada a la causa.

Felicito al productor de este evento dominguero que tuvo efectos mediáticos muy interesantes y que resume una nueva manera de presentar la política como un gran espectáculo sugestivo para las mayorías que siguen la actualidad sólo a través de la televisión.

Pero cualquier espectador imparcial ha de reconocer la imposibilidad de hacer compatible la fiesta de las sonrisas con la realidad de una sociedad en la que las lágrimas van ganando terreno a las alegrías. José María Ridao recordaba ayer la definición de Karl Marx al catalogar a España como el país de Europa con más leyes y donde menos se cumplían. Un ministro de la Restauración dijo aquello de que “para los amigos, el perdón, para los enemigos, basta con la ley”.

No más leyes, por favor, basta con las vigentes. Me comenta un amigo jurista que la anunciada ley de sostenibilidad para salir de la crisis que por fin se admitió, no puede ser otra cosa que las medidas adoptadas el 14 de agosto de 2008 y ratificadas por un consejo de ministros extraordinario posterior. Aquellas urgentes decisiones no han frenado la desaparición de puestos de trabajo y el aumento del paro que sitúa a España en el liderazgo de la Unión Europea que Zapatero presidirá a partir del primero de enero.

De la misma manera que se construyen situaciones virtuales de gran impacto, se legisla y se planifica a golpe de encuestas, de manifestaciones y de políticas a corto plazo sin pensar que la mejor sostenibilidad es aquella que se fabrica a medio y a largo plazo.

Me temo que la ley de sostenibilidad será un conjunto de medidas que ya están en vigor y que ayer mismo el gobernador del Banco de España decía que eran insuficientes para crear puestos de trabajo. Zapatero ha querido evitar la crisis social sin preocuparse de crear riqueza. Terminará sin crecimiento y con crisis social.

Necesita este tiempo menos espectáculo y más rigor, menos ardor partidista y más medidas que beneficien al conjunto de la sociedad. Menos sonrisas y más acciones de gobierno eficaces.

Soluciones y parches

La democracia parlamentaria está construida sobre poderes y contrapoderes que se vigilan y se controlan mutuamente. Los jueces hablan por sus autos, el legislativo discute y aprueba leyes y el gobierno las ejecuta con la discrecionalidad que le otorga su mayoría parlamentaria, pero siempre expuesto al cedazo de los medios de comunicación que contribuyen a fabricar la opinión pública que tiene en cuenta las teorías pero sobre todo sus intereses.

Esta es la teoría y el enunciado del modelo. A pesar de ello, el sistema es tan imperfecto que sus costuras se rompen con frecuencia porque los conflictos forman parte de la condición humana. No falla el sistema sino la conducta de quienes lo administran. Cuando esto ocurre se entra en una crisis.

A la larga, las sociedades juzgan más los actos que las intenciones, las realidades más que los discursos. La comedia no es suficiente y se requiere también inteligencia, coraje y honestidad para convencer a una mayoría de ciudadanos. La gente acaba teniendo la última palabra aunque muestre con frecuencia su ingratitud. Churchill y Kohl fueron dos grandes estadistas. El primero resistió solo la agresividad de Hitler y el segundo unificó Alemania cuando parecía una empresa imposible y costosa. Lo hicieron muy bien pero no les volvieron a votar o los echaron de mala manera.

Un gobierno no puede vivir en permanente fragilidad pensando que con discursos y teorías se esconden los problemas que laten en una sociedad. La crisis económica es profunda y empieza a atisbarse una crisis social que el presidente Zapatero ha querido evitar de todos modos, con la complicidad de los sindicatos y con inyecciones monumentales de euros para los más necesitados sin preocuparse igualmente de crear riqueza.

No se entiende que los agentes sociales, el gobierno, los sindicatos y la patronal, no estén en sintonía para aumentar el consumo, crear puestos de trabajo y salir de la crisis. Si no cambia de proceder, habrá crisis social y el despegue de la economía será más lento y más complicado.

Cuando un gobierno o una institución del Estado incumplen su cometido los fusibles del sistema saltan por los aires y la gente protesta en la calle. El gobierno Zapatero empezó a reaccionar y coordinar el conflicto del Alakrana con seriedad cuando la información que venía del buque secuestrado salía de su control y se ponía en evidencia. Igualmente ocurrió con los airados ciudadanos de Santa Coloma o cuando se van cerrando empresas enviando a miles de trabajadores al paro. La precariedad de los agricultores va a estallar en confrontaciones inesperadas.

El fondo de la cuestión es que la sociedad tiene la percepción de que ante la magnitud de la crisis, los gobiernos reaccionan con parches.