jueves, enero 26, 2006

De Salamanca a Barcelona

Parece que ya llegan los Papeles de Salamanca. La Audiencia Nacional ha dado luz verde después de una semana de deliberaciones mientras los documentos permanecían en una cámara acorazada del ministerio de Cultura.

No viajan al extranjero. No es el oro de Moscú que el gobierno Negrin entregó a Stalin. Nada de eso. Simplemente es la devolución de unos papeles que fueron incautados por las tropas de Franco cuando entraron en Barcelona, un 26 de enero, el de 1939, el día en que parece que saldrán de Madrid.

No es ninguna victoria para nadie. Tampoco ninguna derrota. Simplemente es la devolución de unos documentos que tenían dueño. No sólo los de carácter institucional sino también los que pertenecían a particulares que algunos parece que se han quedado en Salamanca.

Me produce sonrojo la ira de las autoridades salmantinas intentando detener el botín antes de que llegue a Barcelona. El mismo sonrojo que me producen el alboroto, las declaraciones, la euforia política del tripartito que nos quiere presentar esta devolución como una gran obra de gobierno.

Los papeles regresan porque una ley ha obligado a que sean devueltos a sus legítimos dueños. Esto es todo. Algo extraño debe ocurrir cuando un traslado normal, con todas las garantías jurídicas y políticas, sea interpretado en Salamanca con indignación y en Barcelona con gran satisfacción .

21 comentarios:

Anónimo dijo...

Sr.Foix:la justicia se define como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece,la justicia no hemos de justificarla, simplemente hemos de pedir su puesta en práctica.


Bartolomé C.

Anónimo dijo...

CISMA EN EL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN
Dimite el portavoz socialista de Ávila tras manifestar su apoyo al Archivo
El hasta ahora portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila, José Manuel Hernández, presentó ayer su dimisión «irrevocable» de todos los cargos políticos que ocupa como miembro del PSOE, tras ser desautorizado por la dirección provincial de su partido por apoyar una moción del PP en la Corporación provincial para rechazar el traslado a Cataluña de los documentos del Archivo de la Guerra Civil.

Hernández, que abandona sus cargos de diputado provincial, portavoz socialista en la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Cebreros, reiteró su «convencimiento» como «diputado, socialista y castellano» de que los «‘papeles’ de Salamanca no deberían haber salido de ese Archivo» y criticó también la reforma del Estatuto de Cataluña, del que dijo «se aparta del concepto fundamental de solidaridad, fundamental para cualquier persona progresista que se ubique en el centro izquierda».

Según expresó en una comparecencia ante los medios de comunicación poco antes de presentar su dimisión ante el presidente de la Corporación provincial, Agustín González, y al secretario provincial del PSOE, Pedro José Muñoz, los socialistas le habían pedido que «rectificara», pero no le habían solicitado su dimisión, algo que se debe, dijo, a una «decisión personal. La situación real es que el partido me ha pedido que rectifique, no lo hago, y por tanto creo que debo dimitir», apuntó.

En opinión de Hernández, «no hay nada que rectificar» puesto que no actuó en la votación como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, por lo que consideró que no ha «traicionado al partido». Así, reiteró que actuó sólo en función de su «convencimiento per- sonal como político y como ciudadano».

Sus compañeros en el Ayuntamiento de Cebreros también quisieron mostrar su apoyo al portavoz dimitido quien abandonó, con lágrimas en los ojos su comparecencia ante los medios.

Anónimo dijo...

ERC topa amb Zapatero pel finançament acordat amb CiU
NEGOCIAR Es donen temps per continuar buscant l'acord, però el president espanyol remarca que el pacte amb Mas està tancat variació Els republicans insisteixen que l'acord no canvia el model de finançament
el nou autogovern
Montse Oliva

La cúpula d'ERC va constatar ahir que continua havent-hi una diferència "abismal" entre el projecte que va arribar del Parlament i el text acordat entre el president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el líder de CiU, Artur Mas, sobretot en finançament.

Després de quatres hores de reunió a la Moncloa entre Zapatero, Josep-Lluís Carod-Rovira i Joan Puigcercós, la situació continua encallada i les dues parts s'han donat temps per resoldre les dificultats que impedeixen que ERC doni un sí global al projecte. Això no impedeix que el cap de l'executiu no mostrés ahir interès per encabir ERC al pacte i seguir negociant fins que el 6 de febrer es constitueixi la ponència al Congrés.

Per segon cop en tres dies, doncs, Carod i Puigcercós, van sortir de la Moncloa sense detectar avenços en la posició de Zapatero no només en finançament sinó tampoc en el concepte de nació. Els republicans consideren que la hipotètica injecció de diners que suposaria l'acord tancat -o una eventual ampliació de l'oferta inicial- en cap cas es tradueix en un canvi de model, que és que el pretenia el projecte enviat a Madrid. Tampoc no admeten que no s'especifiqui obertament que Catalunya és una nació, i s'utilitzin subterfugis per encabir-hi la definició.

Zapatero, segons fonts coneixedores del contingut de la reunió, va oferir elements que servissin per desencallar la situació, com ara augmentar les inversions estatals en infraestructures a Catalunya i, fins i tot, trobar una fórmula per incloure aquest compromís en el text de l'Estatut. També es va mostrar disposat a traspassar definitivament la gestió de ports i aeroports per part de la Generalitat i va proposar rescatar alguns peatges que depenen de concessions de l'Estat.

Tot plegat pot ser un avenç, però insuficient, perquè ERC modifiqui la seva posició actual, segons l'anàlisi que va fer Puigcercós. De fet, el secretari general d'ERC no amagava el malestar per la forma en què s'ha liquidat la negociació estatutària. "No hem estat dos anys treballant perquè això es dilueixi en set hores i de qualsevol manera", va apuntar. Tot i així, Puigcercós va constatar un gran interès de Zapatero perquè formin part de l'acord.

En un moment de la trobada, el portaveu del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es va afegir a la conversa en un intent de reconduir la discrepància. El mateix Rubalcaba, prèviament, amb el ministre d'Indústria i primer secretari del PSC, José Montilla, havia fet un primer intent al Congrés també amb Puigcercós.

ERC, en tot cas, va anar a la Moncloa posant sobre la taula de la negociació un document de Joan Ridao on s'avaluava de forma molt acurada tots els punts de discrepància. El resultat s'analitzarà avui a la reunió de l'executiva d'ERC.

En clau d'aliances, un eventual rebuig a l'acord entre Zapatero i Mas no afectarà el govern tripartit a Catalunya, segons Puigercós, però sí que ERC se sentirà amb les mans més lliures a Madrid perquè entenen que "no hem estat correspostos en la lleialtat" que asseguren que han tingut respecte al PSOE.


AVUI-26 de gener-2006

Rosa_Maria dijo...

Bocatas y vinos a aparte, dejando de lado el hambre Mas hizo más o menos y Carod ha hecho menos que Mas. En fin un lío de miedo entre el mas y el menos, y un berrinche de ERC, que ya parece el del PP con las últimas elecciones nacionales.
Sin embargo, a mi lo que me ensalza el ánimo es lo de los legajos estos. Mira estoy contenta si ya vienen. Es que sin tener en cuenta las leyes gubernametales, que no son moco de pavo, me place que al señor Lanzarote le salga mal la cosa. Hacer de unos papeles un asunto de unidad nacional tiene guasa. Los gaditanos se regodearan en sus carnavales. pepro si esos papeles no son suyos, que empecinamiento les ha fluido de las partes blandas del cerebro. Y, la verdad, si me apuran , prefiero la fiesta política catalana de su recibimiento papelil, que los insultos encendidos de algunos que se llaman hombres de bien, contra otros ciudadanos que no piensan como ellos.
Serà que sóc una nació!?
Quanta pena senyor!

Anónimo dijo...

Todos los temas tocados en este blog tienen algo en comun , la idea que los problemas que se comentan no son verdaderos problemas sino batallitas partidistas . Me gustaria saber la opinion de los tertulianos , en especial de Bartolome , que creo que es la persona que transita por el lugar con una major prespectiva ,no solo politca sino vital.
Albert

MiguelNR dijo...

La distancia entre la vida y la política no esta tan claro, al fin de al cabo la política es la "vida pública", en todas sus dimensiones.

Con respecto al Archivo de Salamanca:

Las peticiones del PP no tienen el menor fundamento.

Primero:

Por un lado es cierto que, en si mismo, el sentido de un Archivo público es, precisamente, estar al servicio del público, por lo tanto sí puedo estar de acuerdo en que, si se quiere tener un Archivo histórico para su estudio, este no puede dispersarse excesivamente. Sería absurdo y contra el propio sentido de la figura de un Archivo.

Un Archivo absolutamente disperso no es un "Archivo", realmente no es nada, con lo cual practicamente se trata de hablar con propiedad.

Segundo:

Hay dos maneras de organizar las instituciones de la Administración Central del Estado; de una manera "radial", es decir, compartida por todo el territorio, o centralista.

Si fuera la centralista, la sede del Archivo no sería Salamanca, sino MADRID.

Si es radial, puede estar en cualquier municipio de España, ¿por que no ponerlo en Melilla por ejemplo?,¿y en Tenerife?.

Estaba en Salamanca como podría estar en cualquier otra ciudad de España. Al trasladarse de Salamanca a Barcelona, se traslada de una ciudad española, a otra ciudad española, bien ¿cual es el problema?.

El Partido Popular debería respondernos a todos los españoles si considera que Barcelona es España o no, y si considera que la Generalitat de Catalunya (desde su punto de vista) es una institución española o no.

Tercero:

Lo que no queremos casi nadie es que la Generalitat de Catalunya disemine los archivos, destruyendo el Archivo (no fisicamente, pero si el concepto, y por lo tanto el Archivo en si), y este lo ponga a disposición del público, independientemente de su origen.

Es decisión de la Generalitat, lógicamente, pero los demás lo que hacemos es expresar nuestra opinión, y yo lo hago. El Gobierno debería haberlo exigido como condición.

Cuarto:

Si el PP quiere hacer algo por la cultura, que proponga un plan para animar a los españoles a leer, que en este país se lee muy poco.

Con respecto a las últimas declaraciones de ERC:

Espero que Zapatero aproveche la oportunidad, y acepte la renuncia de ERC del grupo de apoyo al Gobierno.

Ocasiones así, no se le presentan a uno todos los días.

Cordiales saludos.

Anónimo dijo...

Estimado Sr. Foix,

¿Será mañana por fin cuando podamos leer en su columna algo respecto de los ultimos exabruptos en Cataluña? ¿Le permitirá su acreditada objetividad siquiera mencionar o incluso atreverse a criticar los insultos y zafiedades escuchadas en TV3 a cargo de Pepe Rubianes? ¿son los extremeños unos seres inferiores que solo están en Cataluña para chupar del bote? quizás pueda usted hacer por fin proonunciarse o siquiera referencia a esas racistas declaraciones de hace dos dias, y no remontarse unicamente a declaraciones del s. XX ....
pd: por cierto, que curioso que hoy en La Vanguardia no haya la mas mínima referencia a esas declaraciones.
Alberto. Cordoba.

Anónimo dijo...

Sr.Foix:contestando a mi compañero de blog, Albert,decirle tan sólo que la absoluta independencia del Poder Judicial es una exigencia irrenunciable en una sociedad democrática y en lo relativo al tema que nos viene ocupando decirle que Josep M.Calvet abre muchas perspectivas en su último artículo.
http://www.lavanguardia.es/web/20060126/51226547034.html


Bartolomé C.

Anónimo dijo...

ENOCH Albertí
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona

La alta temperatura que ha alcanzado el debate sobre la reforma del Estatut de Catalunya, que amenaza con seguir e incluso aumentar con la anunciada campaña del PP para pedir un referendo en toda España, sabiendo que es constitucional y políticamente inviable, pone de manifiesto que no está tan claro, o al menos algunos no tienen tan claro, el tipo de Estado y el significado de las autonomías territoriales que ha establecido la Constitución de 1978, por otra parte tan citada en este debate.
Una de las decisiones fundamentales que tomó el constituyente de 1978 fue la de organizar el Estado según un principio radicalmente distinto del que en general había regido en España los últimos 200 años. Desde la Constitución de Cádiz de 1812, en efecto, y hasta el fin del franquismo, el Estado se había organizado sobre la base de un patrón no sólo unitario, sino también fuertemente centralista y uniformador, con algunos breves paréntesis, entre el que destaca sin duda el de la Segunda República. Y este modelo profundamente centralista ni hizo desaparecer la personalidad propia de los diversos territorios ni respetó las diversas identidades culturales y lingüísticas ni gestionó de forma más eficaz los asuntos públicos ni eliminó los desequilibrios territoriales ni consiguió crear un Estado fuerte y cohesionado. El Estado unitario y centralista que se desarrolló en España no consiguió nunca ser un Estado sólido, eficaz y democrático. El fracaso de este modelo, unido al empuje de las comunidades que, como Catalunya, disponen de una clara voluntad de autogobierno, propiciaron el cambio, y la Constitución estableció un nuevo tipo de Estado, basado ahora en la aceptación de la diversidad y el reconocimiento de la autonomía política de las comunidades. Un modelo, en definitiva, equiparable en lo esencial al de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza o Austria, entre muchos otros países, que establecen dos niveles distintos de gobierno, cada uno de con sus propias competencias y responsabilidades.
El modelo de la Constitución de 1978 se ha desarrollado en un tiempo récord en términos históricos y hoy las comunidades autónomas gestionan más de un tercio del gasto público total y disponen de más del 40% de los empleados públicos en España. Sin duda, un gran éxito. Y una de las causas, también, de la modernización y del crecimiento de España de los últimos 25 años, tan alabada desde el exterior.

Y ES AHÍ donde se produce la gran paradoja: el desarrollo de las comunidades autónomas no ha ido acompañado por el despliegue de una cultura federal, que impregnara las relaciones políticas e institucionales y condujera a una nueva forma de actuar y de hacer política. Más aún, se ha producido un claro retroceso en la concepción de la autonomía política, en un proceso de progresiva trivialización y jibarización política de las comunidades autónomas, cuyo punto de destino, al menos para algunos, sería su equiparación a unas grandes diputaciones (pluri)provinciales. Sólo así se explica, por ejemplo, que cosas que en los años 1978-80 se aceptaban con normalidad (como que las bases estatales fueran principios contenidos en una ley marco; o que la LOFCA se acomodara a lo que disponen los Estatutos en financiación autonómica, por citar sólo dos materias problemáticas en la reforma del Estatut), hoy susciten grandes reticencias, cuando no rechazos airados.
Y sólo así cabe explicar la profusa y demagógica utilización que se está haciendo del principio de igualdad. Porque es algo absolutamente consustancial a la autonomía política que exista diversidad, y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos no implica que éstos deban recibir exactamente el mismo trato en todo el territorio, como ha dicho reiteradamente el propio Tribunal Constitucional. De hecho, la propuesta de reforma del Estatut no es sino una reacción a esta tendencia a minimizar la autonomía política. ¿O es que alguien cree que si no se hubiese producido esta degradación del concepto de autonomía se hubiera emprendido el azaroso y complicado camino de la reforma estatutaria?
¿Qué ha pasado, mientras tanto, para que ello se produzca? Pues, esencialmente, que han aflorado muchas resistencias a este cambio de modelo, cuando no un rechazo directo. Han aparecido muchas dificultades para tomar la autonomía en serio, y entender que hoy el Estado está formado también por las comunidades autónomas, que son gobiernos democráticos que comparten el poder con el Gobierno central, que sirven también al interés general de los ciudadanos y que responden democráticamente ante ellos.

NATURALMENTE, nadie podía imaginar que el cambio, histórico, de una España uniformista y vertical a una España plural y horizontal podría realizarse sin esfuerzo ni dificultades. Sin embargo, el fenómeno más preocupante y peligroso en todo este debate es la utilización que se viene haciendo de la Constitución como instrumento de exclusión, en lugar de ser el gran cauce de integración política que fue en 1978 y que debe seguir siendo si no se quiere poner en riesgo la casa común. Convertir la Constitución en el patrimonio casi exclusivo de un partido y afirmar que sólo sus posiciones caben en la misma y que todos los demás están fuera es hacer un flaco favor al texto de 1978. Afortunadamente, existen hoy medios eficaces, como el Tribunal Constitucional, para garantizar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley, y se trata de acudir a ellos lealmente si se considera que se ha vulnerado. No conviene mezclar el debate político con el jurídico, ni parapetarse detrás de argumentos constitucionales para defender posiciones políticas. No conviene utilizar la Constitución en vano.

Anónimo dijo...

///Ramon Palomeras///

En una data simbòlica, la del 67 aniversari de l'entrada a Barcelona de l'exèrcit franquista que va propiciar l'espoliació dels anomenats papers de Salamanca, l'Audiència Nacional va acordar ahir al matí, per unanimitat, "aixecar i deixar sense efecte la mesura cautelaríssima" adoptada divendres a la nit per la qual s'aturava el trasllat dels papers a Catalunya, "sense prejudici de la decisió que s'adopti sobre el fons de l'assumpte" en el futur.

Els magistrats finalment "no han trobat raons de legalitat que justifiquin el manteniment de la mesura". En concret, el tribunal entén que "no perd la seva finalitat legítima el recurs interposat per l'Ajuntament de Salamanca", ja que "els citats documents han de ser entregats a una altra administració", la Generalitat, la qual consideren que passa a ser responsable dels "drets i obligacions de l'Estat pel que fa a la custòdia i protecció" dels papers i que "estaria obligada a la seva devolució en el supòsit d'una hipotètica sentència" favorable a la demanda.

Amb tot, la mateixa Audiència reconeix, en els raonaments jurídics en què basa el seu acord d'ahir, que la llei del retorn dels papers fixa clarament quins són els lligalls a restituir a la Generalitat -els inventariats el 1982 per al conveni de microfilmació subscrit entre el ministeri de Cultura i el govern català-, cosa que "impedeix a aquesta sala realitzar una qualificació jurídica".

Satisfacció i tranquil·litat

La decisió va ser rebuda ahir amb satisfacció i tranquil·litat tant al govern espanyol com a Catalunya, on avui la Comissió de la Dignitat celebrarà una festa d'homenatge als espoliats. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, des del Parlament, en conèixer el desenllaç va reaccionar afirmant que era una "gran notícia" i va recordar que "fa 25 anys" Josep Benet ja va reivindicar el retorn dels papers des del mateix Parlament.

Igualment satisfeta es va mostrar la consellera de Cultura, Caterina Mieras, que també a la cambra catalana va rebre felicitacions generals. La consellera va insistir que "no és el triomf d'uns contra els altres, és el triomf de la democràcia". "Agraeixo a tots els ciutadans de Catalunya que han fet possible aquest moment, i la tranquil·litat i paciència que han demostrat", va afegir. Mieras va destacar "la unitat de tots els partits polítics de Catalunya, sense excepció, que han donat molta empenta". Però també ha agraït "als demòcrates de l'Estat; en especial Calvo i Zapatero".

També va mostrar la seva alegria la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Malgrat reconèixer que no s'esperava la mesura cautelaríssima presa divendres passat, admet que tot plegat "respon a les regles del joc pròpies de l'Estat de dret". "És la prova que el sistema polític i judicial són independents. Cadascú actua en l'àmbit que li pertoca. Però al final s'ha demostrat que tenim raó políticament i jurídicament parlant", continuava. Ara bé, confiava en aquesta resolució, ja que es tractava "d'una decisió justa". Amb tot, Calvo no ha volgut donar la data de retorn dels papers a Barcelona. "L'important no és ni quan ni com sinó que s'hagi aixecat la mesura cautelar de paralització. L'important és que hem solucionat un problema que ja feia trenta anys que es debatia. Ho hem fet netament i amb el suport parlamentari que calia per tal de donar-li un revestiment legal. El que és segur és que la tornada es farà efectiva abans del 18 de febrer, data límit que marca la llei", va manifestar. I que quedi clar un fet. "No hi ha ni vencedors ni vençuts. Són uns documents de l'Estat que romanen en territori espanyol", clava per a aquells -PP- que s'exclamen que la tornada legítima dels papers suposa el trencament de la unitat de l'Archivo i de l'Estat. I és que Calvo ha estat molt dura amb el grup popular de Castella i Lleó perquè, segons ella, "ha utilitzat les institucions castellanes -en referència a la Junta i a l'Ajuntament de Salamanca- de manera partidista". Respecte a un possible retorn a Salamanca dels papers pels recursos en curs, Calvo es mostra molt confiada. "L'Ajuntament de Salamanca ja ha perdut tres recursos", recorda.

I mentre el secretari de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, no amaga la seva satisfacció, "ja que s'ha reconegut allò que era evident, no hi havia motius per a la suspensió", el ministre de Justícia, Juan Fernando López Aguilar, és del parer que amb la decisió de l'Audiència s'anul·la l'intent del PP de voler convertir el tema dels papers en una confrontació entre territoris. "El PP ha intentat polititzar clarament l'afer dels papers amb la intenció d'estimular sentiments negatius d'espanyols contra espanyols", deia.

Decepció a Salamanca

Però la decisió de l'Audiència no ha estat tan ben entomada en terres castellanes. De moment, l'Ajuntament de Salamanca estudia, segons el portaveu municipal Fernando Rodríguez, la possibilitat de presentar un recurs de súplica. Però la consellera de Cultura de la Junta, Silvia Clemente, es mostrava més contundent, ja que segons ella "s'ha fracturat el fons documental de l'Archivo". "Castella i Lleó defensa el patrimoni històric dels espanyols de l'agressió de Zapatero i el seu seguici", etzibava Clemente esperançada en el recurs de fons presentat per l'ajuntament salmantí, així com en l'altre recurs presentat abans al Tribunal Constitucional.

AVUI-27-gener-2006

Anónimo dijo...

Victoria Prego-El Mundo


Rajoy acaba de confirmar que su partido quiere convocar a los españoles para que le apoyen en su petición al Gobierno de que convoque un referéndum.

Eso es un error por muchas razones. Y no porque esta iniciativa no vaya a lograr una respuesta aplastante: van a ser millones las firmas de apoyo que obtenga. Será un error sobre todo porque va a dar un resultado peligroso.

Hagamos una hipótesis. ¿Cómo administraría el señor Rajoy un supuesto referéndum que diera en el resto de España un 80% a favor de esa convocatoria… pero en Cataluña diera un 80% en contra?

¿Cuál sería la administración de esa situación política explosiva?

Y, puesto que el Gobierno nunca se someterá a esa presión política popular, ¿qué hará Rajoy con esos cientos de miles, o millones de españoles que exigen un referéndum en el que nunca van a poder participar?

¿Cómo va a canalizar Rajoy la irritación de tanto ciudadano?

Puede que en forma de votos. Pero ¿Podría el PP gobernar, también es una hipótesis, con mayoría absoluta en toda España y contra una Cataluña que habría refrendado ya su Estatuto?

Y si no obtuviera mayoría absoluta, sino relativa, ¿con qué socio podría gobernar que no fuera CiU?

¿Cree que CiU estaría dispuesta a derogar un estatuto ya refrendado en Cataluña para permitir graciosamente gobernar al PP?

Mucho mejor es la otra opción: que, en lugar de convocar a las masas para apoyarle políticamente para el referéndum, el PP presione hasta el infinito para enmendar el estatuto y para denunciar el tremendo error que supone sacar adelante una reforma estatutaria de esta envergadura sin contar con el consenso del Partido Popular. Para exigir entrar en la modificación del articulado.

Eso es lo que hay que buscar ahora. Participación, capacidad de influencia, batalla por el consenso, denuncia de la estrategia aislacionista contra el PP.

Pero el movimiento pro- referéndum, no. Porque está destinado a no sustanciarse en nada que no sea la ira de la población.

Y eso no nos lleva a ninguna parte buena.

amanda dijo...

els que es deuen estar portant les mans al cap son els votants centristes del PP, al veure que el Tejero també demana el referèndum. Si ens ho poguessim mirar de lluny, sense ser-ne part implicada, des de Noruega, per ex., en semblaria més surrealista que una pel.li dels M. Python.

Anónimo dijo...

LOS DOCUMENTOS DE LAS 507 CAJAS
AÑOS DOCUMENTOS
GENERALITAT DE CATALUNYA
Tarjetas de identidad electoral de Reus 1936 17
Tarjetas de identidad electoral de Lérida 1936 205
Cartillas de racionamiento, DNI y carné de conducir 1936/37 8
CULTURA CONSELL DE L´ESCOLA NOVA UNIFICADA
Docum. del Presidente del Consell de L´Escola Nova 1934/37 13
Correspondencia de Albert Carsi sobre el Consell 1936 12
JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE IGUALADA
Diligencias y documentación judicial 1938/39 68
Expedientes judiciales 1938/39 585
Sum. por delitos comunes y desafección régimen 1937/38 1.659
Sum. por delitos de asesina., robo, daños y lesiones 1936/37 308
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS
Sum. contra Joan Orpinell Boladeras y otros por desafección al régimen 1938 31
COMITÉ CENTRAL DE LES MILICIES ANTIFEIXISTES A CATALUNYA
Comité central de les milicies antifeixistes a Catalunya 1936/37 163

FUENTE: El Norte de Castilla.

Anónimo dijo...

No entiendo porque hay que reprimir la satisfación por el retorno de los documentos.

Brian dijo...

Muy sencillo (contesto al último anónimo) para no excitar más la visceralidad y la espiral de crispación, que bastante excitadas están ya. O si lo prefiere, véalo desde este otro punto de vista: la mejor manera de poner en evidencia a quienes han actuado desde la sinrazón y la histeria, es actuar de forma razonada y tranquila.

Anónimo dijo...

Briand
Tengo ya cierta edad y llego a la conclusión que no se puede actuar con seny con quien permanentemente te desprecia, te insulta y te humilla. No puede ser.
El seny tiene además un grave problema añadido: No permite la unión de todos los catalanes, mientras los castellanos cuando se trata de "su" soberania de "su" territorio catalán se une toda la sociedad. TODA. Es totalitarismo? Tal vez. Por eso nos ganan una y otra vez frente al seny que en si mismo es tolerante, abierto y dialogante.

ferrancab dijo...

No viajan al extranjero, dice. I qué? La justícia no se imparte sólo con los miembros del mismo estado, digo yo. A pesar de que el amor a la ley por la ley (por el simple hecho de ser ley) bien pudiera haber muerto con el peligroso Rosseau, eso no niega que el ánimo de justícia no deba ser universal.
Parece que con decirles a los salmantinos fascistas (los que siguen defendiendo el derecho de conquista, cuándo derecho y fuerza no pueden ser sinónimos) que los papeles seguirán en territorio nacional ya esté solucionado el problema. Siguen siendo vuestros, tranquilos, pero ahora los guardará mamá cabrita. Por favor! Se vayan o no fuera de territorio nacional, la cuestión es que se devuelven a sus legítimos propietarios. Éso es justícia, lo demás una simple perpetuación del robo, el expolio y el santo derecho de conquista, el derecho a que no haya derecho, diría yo.

Anónimo dijo...

CARTAS AL DIRECTOR

Respuesta a Cercas

José Ignacio Wert - Madrid

EL PAÍS - Opinión - 28-01-2006

Tras la lectura del artículo de Javier Cercas ¿Tenía razón Tejero? (EL PAÍS, 26-1-2006), en el que responde al mío, ¿La Historia interminable? (EL PAÍS, 21-1-2006), me embarga la inquietud: debo escribir muy mal cuando un profesional de la pluma, al que sinceramente admiro, ha encontrado en él no sólo lo que no creo haber escrito, sino incluso lo que estoy seguro de nunca haber pensado. Pero, dado el calibre de las imputaciones que el señor Cercas formula sobre mis argumentos, me veo en el penoso trance de aclarar -espero que con mejor fortuna que la primera vez- lo que decía, al parecer tan torpemente, mi artículo.

La tesis era muy sencilla: la Transición es mejor espejo de referencia de nuestra actual democracia que la República, que fue un intento fallido de implantarla. Tesis que contradice la que en un artículo anterior había propuesto Cercas: enseñar a los niños la idea de que la República fue una democracia (aunque mejorable, como todas).

Para argumentar mi tesis apuntaba al grado excepcional de violencia política que en ella se produjo, y me refería específicamente a la abundancia de muertos en actos de violencia de origen político en los meses que preceden al estallido de la guerra. Cercas toma pie de ello para señalar que, siguiendo ese argumento, se podría decir que Tejero tenía razón para sublevarse, dada la abundante violencia terrorista que precedió a su intento de golpe de Estado.

Le tranquilizo: Tejero no tenía razón. Le tranquilizo más: tampoco la tenía Franco en el 36. Le tranquilizo aún más (con ánimo de llevarle a la ataraxia): no soy equidistante entre la República y el franquismo, puesto que, aunque fallido, la primera fue un ensayo democrático y el segundo no lo fue.

Pero una vez administrado el valium, me reitero en la afirmación sustancial: la República fue una democracia fallida, es decir, un fracaso de la democracia, por la acción concurrente, como señalaba en mi artículo, de revolucionarios y contrarrevolucionarios empeñados en hacerla fracasar para instaurar dictaduras de uno u otro signo.

Cercas, en cambio, persiste, en esta ocasión de forma más contundente y enfática que en su primer artículo, en la idea de que la República constituye un periodo "del que uno puede sentirse orgulloso". Orgullo que liga con la continuidad de valores republicanos en nuestra actual democracia, entre los que cita "la cultura laica, igualitaria y europeísta". No sé. Pero si la cultura laica republicana se expresó en la quema de iglesias y conventos, el igualitarismo en las ocupaciones de tierras y en episodios como Casas Viejas, y el europeísmo en que unos miraban a Berlín y otros a Moscú, yo me quedo claramente con las expresiones de esos mismos valores en la Transición. Q. E. D.

No se me ocurriría sugerirle a Cercas que templara su entusiasmo por la República, a diferencia de lo que él me recomienda, que revise mis ideas. Pero, si me lo permite, creo que esa actitud abierta a las ideas del otro es más "republicana" (y hasta más laica) que su fervor apostólico.

Anónimo dijo...

EL ARTÍCULO DEL DÍA // NÚRIA BOSCH
Financiación satisfactoria

• El acuerdo del Estatut mejora sustancialmente la situación financiera y aclara la solidaridad




NÚRIA Bosch
Catedrática de Hacienda Pública de la Universitat de Barcelona

La mayoría de los partidos catalanes han llegado a un acuerdo con el Gobierno central sobre el modelo de financiación del nuevo Estatut. La fórmula acordada, si bien no es exactamente la aprobada por el Parlament, sí que conserva su esencia. Tiene las características básicas del presentado el pasado abril por el Govern de la Generalitat, modelo en el que se basaba el aprobado por el Parlament. Es de características federales y plenamente constitucional, alejado del concierto económico, que alguna fuerza política catalana había defendido. Es un acuerdo más que satisfactorio.
Se puede valorar en la medida que resuelva los problemas financieros actuales de la Generalitat. Según mi criterio, establece los instrumentos suficientes para mejorar sustancialmente la hacienda catalana.
El primer problema hoy es la falta de autonomía tributaria, que conduce a una clara insuficiencia de recursos. La Generalitat presta los servicios que son los pilares básicos del Estado del bienestar, cuyo gasto tiene una dinámica de crecimiento muy superior a otros, y no dispone de los mecanismos suficientes para afrontarla. El nuevo acuerdo aumenta notablemente la autonomía tributaria de la Generalitat. El porcentaje de participación en el IRPF se incrementa del 33% al 50%; el del IVA, del 35% al 50%, y el de los impuestos especiales, del 40% al 58%. Además, aumentan las competencias normativas actuales sobre el IRPF, y se conceden sobre la fase minorista del IVA y de los impuestos especiales, capítulo en el que la Generalitat no tiene hasta la fecha competencia normativa alguna. Se ha conseguido lo que establecía el sistema de financiación aprobado por el Parlament, a excepción de la descentralización del impuesto de sociedades, que queda totalmente en manos del Estado.
También el acuerdo establece que se creará la Agencia Tributaria de Catalunya para administrar los impuestos propios de la Generalitat y los estatales cedidos totalmente. Para la gestión de los demás impuestos estatales recaudados en Catalunya se creará un consorcio en el que participarán de forma paritaria la agencia estatal y la catalana. Asimismo, a efectos de relación con los contribuyentes, existirá la "ventanilla única". Lo acordado en este campo responde en líneas esenciales a lo que preveía el acuerdo del Parlament. Esta nueva forma de administración tributaria, sin duda, ha de facilitar los trámites de cumplimiento fiscal al contribuyente, y redundará en una mayor eficacia administrativa para la Generalitat, mejorando su información y su liquidez.

UN SEGUNDO problema del sistema actual es la arbitrariedad y opacidad de los mecanismos de solidaridad. No existe un criterio explícito de equidad interterritorial, y la aplicación de los mecanismos de nivelación lleva a que comunidades como Catalunya, con una capacidad fiscal muy por encima de la media (124 sobre una media de 100), dispongan de unos recursos per cápita por debajo de la misma (96). En cambio, otras comunidades, como Extremadura, con una capacidad fiscal muy por debajo de la media (66) acaban teniendo unos recursos per cápita muy por encima (123).
En nuevo acuerdo establece un criterio explícito de solidaridad. Es el que contenía el modelo del Parlament, muy similar al aplicado en los países federales. Que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar un nivel similar, si realizan también un esfuerzo fiscal similar. Este principio se aplica a los servicios que constituyen el grueso del gasto autonómico: educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar.
El acuerdo no concreta la fórmula de nivelación, al ser una cuestión multilateral. No obstante, sí que establece algunas pautas que pueden evitar que la Generalitat disponga de menos recursos per cápita que comunidades con un nivel de riqueza mucho menor. Así, se dispone que el nivel de recursos de la Generalitat se basará en criterios de necesidades de gasto, concretándose sus variables representativas. Entre ellas están los costes diferenciales (por ejemplo, el mayor IPC de Catalunya). También se establece que el nivel de recursos de la Generalitat se determinará teniendo en cuenta su capacidad fiscal. De ello puede deducirse que, aunque actúen los mecanismos de solidaridad, el nivel de recursos de que la Generalitat disponga finalmente ha de ser acorde con su capacidad fiscal. Otra disposición, ya contenida en el redactado de la Cámara catalana, va en la misma línea, y es que la aplicación de los mecanismos de nivelación no debe alterar la posición de Catalunya en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades antes de la nivelación.

EL TERCER problema que se aborda es la diferencia de recursos existente entre las comunidades forales y las de régimen co-
mún. El nuevo acuerdo fija un principio que puede empezar a corregirlo, y es el de que la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Catalunya respecto de las restantes autonomías. La aplicación de este principio podrá introducirse gradualmente, y habría de llevar a una convergencia de recursos entre las comunidades forales y los territorios de régimen común, tal como establecía el pacto de los cuatro partidos catalanes, aunque de forma distinta.
Un cuarto y último problema, no ligado al modelo actual de financiación, es el déficit en infraestructuras. Se garantiza que para un periodo de siete años las inversiones estatales en Catalunya han de equipararse al peso relativo del PIB catalán.
En definitiva, el nuevo acuerdo ha de permitir que la Generalitat disponga de más recursos para mejorar el crecimiento de la economía catalana y el bienestar y la cohesión social de todos sus ciudadanos.

El Periodico.

Anónimo dijo...

El patio de Juan de Mairena

• Me gustaría saber qué cree de verdad Rajoy de los catalanes y de su idioma, historia y cultura




IAN Gibson
Historiador

Antonio Machado, a través de su alter ego Juan de Mairena, gustaba de insistir en la importancia de las "últimas creencias", las que en cada ser humano subyacen a sus actos, y que, quitada la escoria de lo circunstancial, realmente lo definen. Mairena, como los profesores de Machado en la Institución Libre de Enseñanza, practicaba una pedagogía de orientación socrática. No se trataba de imponer ideas, y mucho menos dogmas, al alumno, sino de estimular su facultad de raciocinio. Y de hacerle cuestionar --desde una posición de radical escepticismo-- todo lo que le decían. O sea, al alumno había que inducirle a dudar de todo, incluidas de sus propias creencias.
Me ha llamado mucho la atención estos días, pensando en Mairena, la pregunta que el Partido Popular quiere que figure en su anhelado referendo: "¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derecho, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?" El interrogante, con el sí tan sobreentendido que casi produce vergüenza ajena, habría hecho las delicias de Mairena. Me figuro no una, sino varias clases consecutivas, en las cuales sus discípulos desmontan, con jolgorio, la burda formulación.
Para conocer al prójimo haría falta, de acuerdo con Mairena, preguntarle sobre todo por lo que cree de verdad, más allá de tópicos, dogmas y miedos al qué dirán y a la llamada incorrección política. ¿Qué es lo que cree de verdad Mariano Rajoy de los catalanes, de su idioma, de su historia, de su cultura? A mí me gustaría que nos lo dijera, y que nos lo dijera de verdad.

AMNESIA. Los alumnos de Mairena habrían empezado por cuestionar, me parece, la suposición de que España es "una única nación". Por preguntar en qué hechos o creencias se puede basar un cerebro pensante para llegar a conclusión tan dogmática, a la vista de la complejísima situación cultural que existía en la "España" medieval, de todo lo que pasó después y de los tremendos cambios que sobrevinieron con el cambio dinástico en 1700 (y de los cuales tanto sabe Catalunya). Si España es realmente "una única nación" --plantearían acaso Rodríguez, Gozálvez o el discreto oyente, Joaquín García--, ¿por qué, según las derechas, está siempre en peligro de disgregarse? ¿Cómo se puede disgregarse lo esencialmente unido? Pero no porfiemos. Irlanda fue durante siglos un stateless nation, una nación sin Estado. Ya no lo es, aunque parte de su territorio antiguo, repoblado siglos atrás por los invasores, sigue en manos británicas. Entiendo, pues procedo de allí, que muchos catalanes preferirían tener un Estado propio. No digo que la situación sea la misma que existía antes en Irlanda, sólo que no me cuesta ningún trabajo entender a los nacionalistas catalanes (cuya moderación, por más señas, respeto profundamente).

SÍMBOLOS. Me imagino que no reconforta en Catalunya la pervivencia en otras partes del Estado de tantas reminiscencias de la dictadura. Poco a poco van desapareciendo del callejero de las ciudades nombres e imágenes especialmente ofensivos, pero queda mucho por hacer en el resto del territorio. En Granada sigue delante de la Diputación Provincial una estatua dedicada al fundador de Falange España con la dedicatoria: "Granada a José Antonio". En la capital andaluza, frente a la catedral, hay una gran placa de cerámica de la Virgen de los Reyes. Dice la inscripción: "Sevilla/ agradecida a/ su madre reina/ y abogada/ Sábado 18 de julio de 1936". Que se crea y proclame que la dulce María ayudara a Queipo de Llano a matar a miles de rojos ya pasa de la raya. En muchos pueblos de La Mancha las calles lucen todavía nombres de generales golpistas. Estas cosas chocan a los que llegan de fuera. Y hieren a muchos de puertas para adentro. Si por mí fuera, quitaba el arco de triunfo de la Moncloa y lo metía en un parque temático dedicado a cobijar viejos trastos franquistas.

EL ARTE DE CRISPAR. "¿Se puede ser del PP y no agredir?", se pregunta Josep Pernau en este diario. ¿Agredir? No faltan otros verbos más o menos aptos: crispar, insultar, menos(o des)preciar, ridiculizar, provocar, tergiversar... Por pura lógica es de presumir que entre los mandos del PP hay gente razonable, sensata, capaz de matizar, de pensar por sí misma, de escuchar. Pero ¿dónde están? ¿Por qué no airean nunca sus discrepancias, como se suele hacer en cualquier partido normal? ¿Por qué siempre la unanimidad, estando en el poder o fuera? Hace apenas un par de días se hablaba de la posible dimisión de Josep Piqué. ¡Un rayo de esperanza! Ahora, según leo, se declara dispuesto a obedecer al partido "en todo". Qué decepción.

PERDIENDO LOS PAPELES El espectáculo montado en torno a los papeles de Salamanca, que ni son exactamente papeles ni son de dicha ciudad, ha sido más lamentable, si cabe, que el de los obispos en la calle contra los matrimonios homosexuales. El Partido Popular de dicha ciudad, además, se está comportando de manera grosera con la memoria de Miguel de Unamuno y su "venceréis pero no convenceréis". Sería difícil encontrar un caso más flagrante de cinismo. ¡Ni respetan la memoria del autor de Del sentimiento trágico de la vida! ¿Será que en el fondo lo único que ambicionan es proteger sus propios intereses, a costa de lo que sea? Uno se pregunta dónde está la caridad que tanto recomienda a sus fieles el catolicismo.

El Periodico.

Anónimo dijo...

El 65% de los españoles rechaza que Cataluña se defina como «nación»

ENCUESTA DE IBERCONSULTA PARA LA RAZÓN (PRIMERA PARTE)

R. N.



Ficha técnica de la encuesta:Universo: población española de ambos sexos y mayor de edad. Muestra: 800 entrevistas. Trabajo campo: 24- 26-I-2006 Metodología: Telefónica. Nivel de confianza y error muestral: Para un nivel de confianza del 95,45 % (2sigmas), y para P=Q, el error es del 3,54% para el conjunto de la muestra de 800 entrevistas. Puntos de muestreo: 106 municipios de las 19 comunidades y ciudadaes autónomas. Tamaño del habitat: Hasta 50.000 habitantes, 49%; desde 50.000 habitantes, 51%.


Madrid- Tras barajar más de una docena de posibilidades y jugar durante varios meses al despiste, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, cerraron en la madrugada del pasado sábado el asunto más espinoso del ya sobradamente polémico Estatut: la nueva definición de Cataluña que recogerá -salvo un muy improbable cambio de última hora- el texto definitivo que se votará en las Cortes. Al final, el término «nación» aparecerá explícitamente en el redactado, aunque dentro del preámbulo para restarle relevancia jurídica. El «apaño», aparte de no cumplir plenamente las exigencias de los nacionalistas, ha provocado el enfado de ERC... y el rechazo de la mayoría de los españoles.
Según una encuesta elaborada por Iberconsulta para LA RAZÓN, casi el 65 por ciento de los españoles rechaza la fórmula elegida para definir la «nación» catalana, y más de la mitad asegura que la denominación de comunidad autónoma sería la pertinente para Cataluña. En cuanto al acuerdo global alcanzado por PSOE y CiU para llegar al trámite parlamentario con un texto ya cerrado, casi la mitad de los encuestados señala que Zapatero ha cedido demasiado ante los nacionalistas para sacar adelante las negociaciones y lograr un Estatut que, según la mayoría de las personas consultadas, es perjudicial para España y puede afectar a su integridad.
El estudio realizado por la empresa demoscópica Iberconsulta se realizó entre el 24 y el 26 de enero a través de entrevistas telefónicas en todo el territorio nacional. En esas fechas ya se había despejado la incógnita mejor guardada del texto estatutario. Según acordaron Zapatero y Mas, la solución pasa por rescatar para el articulado la referencia a Cataluña como nacionalidad que aparece en el Estatut de 1979, dejando el polémico término «nación» como una referencia en el preámbulo del texto, que rezará: «El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación. La Constitución, en su artículo 2, reconoce la identidad nacional de Cataluña en forma de nacionalidad».
Pese a la pirueta lingüística, la solución no satisface a la mayoría de los españoles. Dos de cada tres encuestados (concretamente el 64,25 por ciento de los encuestados) se muestra abiertamente en contra de la definición acordada por PSOE y CiU, un porcentaje que se eleva hasta el 73,2 por ciento entre los habitantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por contra, únicamente el 16,25 por ciento da su apoyo al redactado final que aparecerá en el texto estatutario sobre esta cuestión.
Lejos de definiciones rebuscadas, la mayoría de las personas consultadas hubieran optado por mantener la doctrina del aún vigente Estatut de 1979, que en su artículo 1 dejaba sentado que «Cataluña se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto». Esa fórmula, la de comunidad autónoma, hubiese sido la más adecuada para el 54,68 por ciento, mientras que el 19,38 por ciento habría apostado por definirla como una región -algo que ya fue, con el apellido «autónoma» en el Estatuto de Nuria firmado en 1932- y el 16,13 por ciento sí que se sentiría más cómodo hablando de Cataluña como nación.
La definición del «sentimiento catalán», como lo calificó el negociador socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ha puesto la guinda definitiva -a falta de lo que pueda «arrancar» ERC al Gobierno para compensar su falta de protagonismo en la recta final- a un proceso en el que los partidos catalanes han conseguido para el Gobierno de la Generalitat numerosas competencias y capacidad de gestión en materia de justicia, educación, puertos, aeropuertos, financiación... que hasta ahora no tenía. Para los responsables del cuatripartito, este «paquete» de nuevas responsabilidades no es todavía suficiente; para los españoles, lo que recibirá Cataluña es excesivo. Al menos así se desprende de los datos de la encuesta, que señalan que el 48,75 por ciento consideran que Zapatero ha cedido demasiado a los nacionalistas en las negociaciones previas al «alumbramiento» del Estatut. Curiosamente, esta respuesta es la que triunfa en todos los grupos de edad y la que obtiene un mayor porcentaje en las comunidades autónomas donde el PSOE gobierna en solitario.
No obstante, el 33,13 por ciento de los consultados entiende que el presidente del Gobierno ha mantenido el listón en su justo término a la hora de trasvasar responsabilidades a la Generalitat.
La unidad de España, amenazada. El sentimiento mayoritario de que el Gobierno de Zapatero no ha estado a la altura en el larguísimo proceso negociador del Estatut también se refleja en la valoración global del acuerdo «nocturno» entre el jefe del Ejecutivo y los responsables de CiU. Así, el 61,13 por ciento de los españoles considera que el pacto del Estatut es perjudicial para el conjunto de España, una respuesta que consigue la mayoría en todos los grupos de edad y que es aún más aplastante -70,6 por ciento- entre los habitantes de las comunidades autónomas gobernadas en solitario... por el PSOE. Sólo un 20,75 por ciento considera que el futuro texto estatutario no tendrá efectos perniciosos para el país.
En los últimos meses, el PP ha insistido en que la reforma estatutaria puede poner en riesgo la unidad de España. Este mensaje también ha calado en el 56,75% de los consultados, para los que el nuevo Estatut puede afectar a la integridad de España. De nuevo llama la atención que los más preocupados sean los habitantes de las comunidades con gobierno socialista, en las que el porcentaje se eleva hasta el 69,5 por ciento. En el otro extremo, el 35,5 por ciento de las personas encuestadas no ve ningún riesgo en el proyecto catalán.
Ficha técnica de la encuesta:Universo: población española de ambos sexos y mayor de edad. Muestra: 800 entrevistas. Trabajo campo: 24- 26-I-2006 Metodología: Telefónica. Nivel de confianza y error muestral: Para un nivel de confianza del 95,45 % (2sigmas), y para P=Q, el error es del 3,54% para el conjunto de la muestra de 800 entrevistas. Puntos de muestreo: 106 municipios de las 19 comunidades y ciudadaes autónomas. Tamaño del habitat: Hasta 50.000 habitantes, 49%; desde 50.000 habitantes, 51%.