Hacia una sociedad orwelliana

No se puede fumar en la playa, el carnet por puntos va a afectar a cientos de miles de españoles, los coches de la guardia urbana se pasean por Barcelona fotografiando y multando a los vehículos mal aparcados sin que sus propietarios tengan noticia de ello hasta que les llegue a su domicilio la sanción o el embargo de su cuenta corriente.

El ciudadano se mueve por la vida bajo una vigilancia estricta, orwelliana casi, sin la menor opción a equivocarse. Es la política de la ley y el orden que, hasta cierto punto, es necesaria en toda sociedad para garantizar su libertad.

La consellera Tura y la ministra Salgado son abanderadas en la imposición del civismo desde el poder. La consellera ha hecho expediciones a los prostíbulos de la Costa Brava para comprobar la calidad higiénica de los establecimientos, desde la limpieza de las sábanas hasta la identidad de las trabajadoras del sexo.

La ministra Salgado ha abierto una cruzada contra el tabaco para prohibir por decreto que ni siquiera se pueda fumar una pipa, tranquila y plácidamente, en la soledad de mi despacho. Las dos responsables políticas están convencidas de la promoción de sus causas. Yo también.

Pero los gobiernos de Madrid y Barcelona no pueden detenerse en esta vigilancia estricta de los ciudadanos. Han de poner el mismo empeño en erradicar la delincuencia de más calibre. A la consellera Tura y a la guardia urbana barcelonesa les han sorprendido los primeros altercados en el Barrio de Gràcia, cuando falta todavía un mes y medio para que empiecen las fiestas.

El narcotráfico actúa con bastante impunidad en todo el territorio nacional. Los robos silenciosos en las residencias solitarias de varias partes de Cataluña siguen produciéndose sin que desde la conselleria no nos lleguen otras recomendaciones que se instalen señales de alarma.

El Estado, en su vertiente española o autonómica, tiene el monopolio de la violencia para evitar que esté en manos de los particulares. No para andar detrás de los ciudadanos y castigarles al primer fallo y dejar en manos de los ciudadanos la defensa de sus propios domicilios.

Da la impresión de que todos somos posibles delincuentes y se ponen todos los medios, que no son pocos, para multar y castigar a quien se salte las leyes de tráfico, de aparcamiento o de ruidos, olvidándose de los delitos de mayor envergadura que son los que distorsionan más la convivencia y ponen en peligro la seguridad de todos.

Por no saber, no sabemos siquiera, cuántos ciudadanos ilegales viven entre nosotros. A esos no les va a multar nadie porque no son ni conocidos ni fichados por las autoridades. Los más vulnerables somos los que pagamos impuestos, los que nos detenemos en los semáforos en rojo, los que respetamos habitualmente las leyes.