Parece como si los que han pasado por el amargo trance de perder a alguien próximo por el zarpazo del terrorismo puedan calificarse en razón de la organización a la que se han afiliado, por su militancia política, por el territorio al que pertenecen o por si las víctimas eran civiles o militares, conocidas o anónimas.
Me duele la instrumentalización del dolor físico o moral que todos experimentamos a lo largo de nuestra existencia. Barrunto sospechas cuando veo que las víctimas son utilizadas políticamente, encabezan manifestaciones selectivas y piden decisiones de gobierno que afecten a sólo una parte de las víctimas del terror.
La perversidad del terrorismo no se mide por el número de víctimas sino por utilizar los asesinatos para hacer política y combatir violentamente las instituciones de un estado democrático y de derecho.
El Estado tiene que ayudar y mimar a quienes sufren el dolor de una muerte de un ser próximo y también a quienes hayan perdido facultades como consecuencia de la violencia que tiene un origen y justificación políticas.
Para defender los derechos de familiares que han perdido la vida en accidentes de tráfico o en cualquier otra desgraciada contingencia, existen leyes civiles y penales para exigir sus legítimos derechos y pedir las responsabilidades derivadas de cada caso.Las víctimas del terrorismo recurren al Estado que debe preocuparse de resarcir proporcionalmente el daño recibido en acciones violentas que iban contra la misma estructura de las instituciones del estado y de las que ellos han sido los principales perjudicados.
Todos los gobiernos desde que ETA ha sacrificado absurdamente a tantos inocentes han hecho lo que han considerado necesario para paliar el daño causado a los familiares de las víctimas. Con aciertos y con errores.
El Estado asume esta responsabilidad como no podría ser de otra manera. Pero las víctimas del terrorismo no pueden determinar, porque no tienen esta legitimidad, qué políticas deben seguir los gobiernos para combatir el terrorismo que puede venir.
Conozco a hermanos, hijas e hijos, esposas y maridos de asesinados por ETA que comparten el dolor de los que se encuentran en semejante y doloroso trance pero que no convierten esta pena en una bandera política para obligar a un gobierno democrático a que formule la estrategia que sirva mejor al bien común que no es otro que evitar que la violencia política actúe impunemente.
No hay víctimas más perjudicadas que otras. Todas merecen el mismo respeto y siempre la ayuda del Estado para paliar su dolor por la pérdida de personas cercanas. Instrumentalizar este dolor me parece una politización innecesaria. Al fin y al cabo, todos somos víctimas de la subversión de del orden establecido a través de la violencia.
miércoles, marzo 01, 2006
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12 comentarios:
Sr.Foix:Pensaba que el dolor más profundo era el dolor que nos produce el recuerdo y que se mantiene peremne en la memoria, a diferencia de la olvidadiza felicidad,pero seguramente existe un dolor más duro y dificil de superar, como es el que produce aquella manipulación del dolor que distorsiona y condiciona para siempre el recuerdo.
Por parte de algún sector de la clase política (en concreto se lo leí a Rosa Díez) se insiste en otorgar, por activa o por pasiva, la condición de agentes políticos a las víctimas. Creo que este asunto debería abordarse de una vez con seriedad y rigor y sin falsos pudores: las víctimas, o sus familiares, no son agentes políticos per se; si quieren intervenir en política deben afiliarse a un partido como todo hijo de vecino. Precisamente el admirado Miguel Herrero de Miñón lo explicaba con su proverbial y pedagógica claridad el otro día en el programa La Ventana. Y esto hay que decirlo claro y sin complejos, sin admitirle a nadie ni la insidia, ni siquiera la menor insinuación, en el sentido de relacionar esta afirmación con un menoscabo de la atención, consideración y ayuda que las víctimas se merecen.
JOSÉ ANTONIO Martín Pallín
Magistrado del Tribunal Supremo
Muchas veces para entender la realidad que nos rodea es conveniente volver la vista atrás y no olvidarse de los clásicos. Casi todo estuvo en sus mentes y permanece en sus obras. El progreso humano debe agradecimiento imperecedero a Cesare Bonesana, marqués de Beccaria. En su obra De los delitos y de las penas expone de forma clara que el fin de la pena no es otro que corregir al criminal y reconducirlo al buen camino garantizando, al mismo tiempo, la seguridad de la sociedad. Afirmar esto en 1763, cuando tenía sólo 25 años, fue considerado blasfemo y contrario a las doctrinas de la Iglesia, que incluyó este manual, demoledor con las prácticas de la inquisición, en el famoso Índice de libros prohibidos.
Afortunadamente triunfó la razón, aunque vivimos en tiempos en los que el entusiasmo de los inquisidores por las torturas y su justificación, entonces mística y ahora simplemente pragmática, está volviendo a nuestras vidas.
La respuesta está en las leyes. Nunca éstas deben perder su legitimidad de origen y su racionalidad interna, ajustándose al principio de proporcionalidad para responder punitivamente a conductas criminales que conculcan, de manera grave, los derechos de los demás. Todos sabemos que los delitos terroristas pretenden crear, deliberadamente, focos de tensión con el objetivo de revivir los ancestros del pasado. El sistema de penas tiene unos objetivos constitucionalmente proclamados: resocialización y reeducación. Es cierto que a muchos les puede parecer ingenuo o bienintencionado, pero siempre son mejores que los que propugnan, como en el pasado, un feroz expiacionismo retributivo.
Existen delincuentes cuya actividad criminal es casi patológica. Se convierten en verdaderas máquinas de matar, acumulando, cuando son juzgados un número impresionante de años de prisión, inabarcable por la vida humana.
A los que nos movemos en el mundo de la aplicación del derecho penal siempre nos ha sorprendido la tendencia de los medios de comunicación a destacar, en grandes titulares, que un delincuente ha sido condenado a más de 1.000 años de prisión. Los códigos establecen máximos de tiempo real de cumplimiento en prisión. En algunos casos admiten una "cadena perpetua ficticia", que se revisa cada cierto tiempo hasta que se decide que la duración de la pena es ya suficiente.
EN NUESTROS códigos, desde el siglo XIX, el tope máximo de la prisión ha sido de 30 años y nunca se dijo que el cumplimiento sería íntegro y efectivo. Se abría la posibilidad de combinar este tope máximo con el sistema de cumplimiento, beneficiándose el penado de las ventajas de observar buena conducta en prisión y de prestar su actividad por medio del trabajo. De esta manera, en la mayoría de los casos, un delincuente condenado a más de 30 años en una o varias sentencias, gozaba de un tratamiento igualitario con los demás reclusos facilitando su integración en el mundo de la prisión.
El sistema estuvo vigente hasta el año 2003, en el que, por efecto del llamado Pacto Antiterrorista, se estableció un régimen distinto para los condenados por hechos calificados como terroristas. Conviene recordar que en el año 1995, el llamado Código Penal de la democracia, estipuló un límite máximo de acumulación de penas en 20 años a la vez que elimina la redención de penas por el trabajo si bien la resucita y disfraza a través de los llamados beneficios penitenciarios.
Durante estos últimos años, prácticamente hasta el día antes de escribir estas líneas, muchísimos delincuentes terroristas con penas de más de 100 años y hasta de 300 cumplieron su condena, con el asentimiento de las juntas de las prisiones, los jueces de vigilancia penitenciaria, la fiscalía de la Audiencia Nacional y los tribunales, extinguiendo su privación de libertad con un máximo de 20 años de cumplimiento efectivo.
En estos momentos se ha desatado una fuerte polémica, amplificada por los medios de comunicación, sobre la salida, más o menos inminente, de uno de los asesinos más sangrientos de la banda terrorista ETA. Se quiere despertar el viejo instituto de la retribución y expiación, desmontando una de las claves de arco de la estructura democrática y cultural del presente. Cualquier edificio constitucional se derrumba si se aplican retroactivamente las leyes penales desfavorables.
HACER UNA relectura del centenario artículo 70, regla 2ª del Código Penal que rigió nuestra política punitiva, durante regímenes liberales y dictaduras, supone convertirlo en lo que nunca ha sido ni el legislador le encomendó.
La fuerza y la legitimidad de la democracia se asienta sobre la pervivencia y la superioridad de los valores éticos y políticos de su sistema frente a cualquier pretensión de anular su funcionamiento por medio de la violencia y el dolor de toda la sociedad. Sólo los temerosos de la fuerza del diálogo pueden pensar que las armas impondrán condiciones a la mayoría de los ciudadanos. El fracaso de los terroristas se plasma en su imposibilidad de torcer ni un milímetro la voluntad de los demócratas expresada mayoritariamente en las urnas.
La única respuesta de una sociedad fuerte, equilibrada y sin complejos es mantener la vigencia del Estado de derecho sin volver la vista atrás y sin propugnar soluciones que ya han sido ensayadas a lo largo de la historia y nunca han producido efectos positivos. El marqués de Beccaria asistiría desconcertado y desanimado al debate que en estos momentos se plantea, desde posiciones retrógradas, demandando, en contra del texto constitucional, que las penas sean un instrumento de venganza.
Lo que tiene que hacer el señor Alcaraz, Presidente de la AVT, es dimitir, y luego lo que tienen que hacer las asociaciones de victimas es ponerse de acuerdo entre ellas, antes que el PP y el PSOE.
CONTRA EL ISLAMISMO
«Después de haber vencido al fascismo, al nazismo, al estalinismo, el mundo se enfrenta a una nueva amenaza totalitaria mundial: el islamismo.
Nosotros, escritores, periodistas e intelectuales convocamos a la resistencia al totalitarismo religioso y a la promoción de la libertad, la igualdad de oportunidades y los valores seculares para todos.
Eventos recientes, ocurridos tras la publicación de dibujos de Mahoma en varios periódicos europeos, han revelado la necesidad de librar una lucha por los valores universales, que no se librará con las armas, sino en el campo de las ideas. No se trata de una lucha entre culturas o una oposición Occidente-Oriente, sino de un combate mundial que ubica a los demócratas contra los teócratas.
Como todos los totalitarismos, el islamismo se alimenta de miedos y frustraciones. Los predicadores del odio apuestan por esos sentimientos para formar sus batallones destinados a imponer un mundo liberticida y desigual. Pero nada, ni siquiera la desesperación, justifica la elección del oscurantismo, el totalitarismo y el odio. Es islamismo es una ideología reaccionara que asesina la igualdad, la libertad y el secularismo allí donde está presente. Su éxito sólo puede llevar a un mundo de dominación: la dominación de la mujer por parte del hombre y la dominación de todos por parte de los islamistas. Para contrarrestarlo, debemos garantizar derechos universales a los oprimidos y discriminados.
Rechazamos el "relativismo cultural", que consiste en aceptar que los hombres y mujeres de cultura musulmana deben ser privados del derecho a la igualdad, la libertad y los valores seculares en el nombre del respeto por culturas y tradiciones. Rechazamos renunciar a nuestro espíritu crítico por miedo a ser acusados de "islamofobia", un concepto desafortunado que confunde la crítica del Islam como religión con la estigmatización de sus creyentes.
Rogamos por la universalidad de la libertad de expresión, para que el espíritu crítico pueda ejercitarse en todos los continentes, contra todos los abusos y contra todos los dogmas.
Apelamos a los demócratas y a los espíritus libres de todos los países para que nuestro siglo sea un siglo ilustrado, no oscurantista.»
Ayaan Hirsi Ali, diputada holandesa que escribió con Theo Van Gogh el documental por el que lo asesinaron.
Chahla Chafiq, escritora iraní exiliada en Francia.
Caroline Fourest, ensayista y autora de un libro contra Tariq Ramadan.
Bernard-Henri Lévy, filósofo francés.
Irshad Manji, periodista canadiense autora de "Mis dilemas con el Islam".
Mehdi Mozaffari, profesor iraní exiliado en Dinamarca.
Maryam Namazie, escritora y productora de televisión.
Taslima Nasreen, doctora nacida en Bangladesh perseguida por apostasía
Salman Rushdie, novelista condenado a muerte por Jomeini por "Los versos satánicos"
Antoine Sfeir, cristiano libanés que vive en Francia
Philippe Val, director de Charlie Hebdo
Ibn Warraq, autor de "Por qué no soy musulmán".
Charlie Hebdo
LVD.
JOSÉ ANTICH - 02/03/2006
Director
"Este país está irreconocible. ¿Qué ha pasado?". De esta manera me interrogaba hace muy pocas fechas un profesor universitario que había pasado varios meses en el extranjero -seis, en concreto- y que no daba crédito a lo que veía en televisión, escuchaba en la radio y leía en los periódicos. Ayer me volvió a llamar asustado después de presenciar el debate en el Congreso entre el PSOE y el Partido Popular y me avanzó un pronóstico: "No sé quién va a ganar, pero sí sé que no va a quedar país". Seguramente, su aterrizaje en el mundo de la crispación permanente ha sido demasiado para sus análisis reposados y casi siempre equilibrados. Pero yo también seguí ayer la sesión de control del Gobierno y ciertamente me duele decir que pasé una gran vergüenza viendo como se insultaban los diputados y como se proferían descalificaciones inaceptables para el presidente del Gobierno y alguna que otra frase en voz alta hacia sus antepasados que en ningún caso deberían formar parte del tono de discusión que aceptara el presidente del Congreso. Lo lamentable es que mucho me temo que hasta que no haya elecciones generales en España el clima de crispación que se ha instalado no se va a rebajar y que de poco vale señalar que el país no se merece esta situación. Pero, ojo, lo que se ha iniciado como una cuestión política empieza a ser un conflicto social y también territorial, y no vale decir que nadie tiene la culpa.
La paz de Maite
Por CARLOS HERRERA
HACE poco más de dos días escuchamos a Maite Pagazaurtundúa elevar un canto por la unidad de los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo que, a buen seguro, caerá en el mismo saco roto en el que han caído todas las preces que, en ese sentido, se han salmodiado en la España de este par de años recientes. El consenso, hoy por hoy, puede ser abordable, pero es inabordado. Quizá porque ambos grandes partidos sostienen que consenso quiere decir, en realidad, estar de acuerdo conmigo. Si lo estás, consensuamos; si no lo estás, no hay consenso. Y para de contar. El Partido Popular, que el pasado martes quiso poner al Gobierno en evidencia al proponerle apoyar las conclusiones del Congreso de Víctimas de Valencia, recuerda que difícilmente puede apoyar una política de la que no le hacen partícipe: Rodríguez no le enseña a Rajoy el «secretito» que guarda en su «cofrecito» y que, en cambio, sí les ha mostrado a sus colegas y socios, y así no hay quien se solidarice. Dime de qué va y ya veré yo si te apoyo, argumenta Rajoy. No te lo digo porque no me fío de ti, dice el presidente. Y la casa sin barrer.
En cualquier caso, es difícil, querida Maite, aunar posturas antagónicas: el PSOE está ligado íntimamente a sus socios parlamentarios, más allá del indecente Pacto del Tinell, y le resultará altamente complicado desembarazarse de sus planteamientos forzosamente comunes. En esa misma sesión parlamentaria, el PNV dejó claro que no quería «vencedores ni vencidos» y que buscaría «la paz como sea», con lo que marcó el camino a seguir, ése que lleva a abandonar el deseo de derrotar a ETA y a establecer un precio final por la paz. Cuando el PNV dice que quiere la paz «como sea» quiere decir que, cuanto más «como sea», más nueces recogerá del árbol agitado. Frente a ellos se sitúan los que aseguran que la paz de los cementerios, la paz a cualquier precio, no tiene ningún interés, ya que si hubiésemos querido esa paz, la hubiésemos tenido a nuestro alcance hace muchos años: con ofrecer lo que se exigía, se habría acabado la «guerra» para siempre. Eso sí, tendríamos ahora lo que algunos quieren que tengamos pasado mañana, un escenario muy parecido al de Azcoitia, lleno de cristalerías, de etarras subvencionados, de víctimas acomplejadas.
Azcárraga, un contumaz miserable que ha llegado a ser consejero de Justicia del Gobierno vasco, lo acaba de declarar en viaje por Argentina: a lo que aspiramos es a que «Euzkadi» sea un estado que mantenga una buena vecindad con España. Y ha dicho más: «Hay diálogo, claro que está habiendo diálogo, y posiblemente hayan llegado ya a algún acuerdo». Ello confirma las sospechas de los que, desde el lado de las víctimas, temen que el Gobierno de su país haya pactado futuras cesiones. Y junto a ellos se sitúa el PP. Así, Maite de mis carnes, ¿cómo se van a poner de acuerdo?
Si el Gobierno del PSOE hace un esfuerzo y consigue que Pepe Blanco se tome la pastilla antiinsultos, hace otro y le cuenta a Rajoy lo que sabe de ETA o lo que ha sondeado a ETA, y lo redondea siendo medianamente gentil con las víctimas -sin pretender empatar su dolor recordándoles que el presidente también perdió un abuelo en la Guerra Civil-, entonces puede que ambos partidos establezcan políticas concretas. El PP también tendrá que renunciar a varias cosas, pero comenzará un periodo en el que los que quieren el empate con los terroristas -empate en campo contrario, ergo derrota- acaben perdiendo sus esperanzas. Pero no nos engañemos, Maite, ese escenario es manifiestamente improbable. Podemos lamentarnos, podemos intentarlo, pero lo ciertamente útil será seguir rebelándonos contra esa paz sin libertad que algunos quieren decretarnos.
www.carlosherrera.com
Con las víctimas pasa como con los políticos: cuando se profesionalizan, pierden todo su atractivo. Y los argumentos que sostenían se travestizan en coartada para seguir en el machito.
Las víctimas deberían ser siempre amateurs, porque en el principio de su condición de tales son sólo ciudadanos comunes a los que les ha caído encima una desgracia imconmensurable. Usar esa desgracia como escudo para toda clase de ambiciones, es sencillamente asqueroso.
Y si esa politización es hacia la extrema derecha, simplemente dan ganas de vomitar.
MANUEL Pimentel
Exministro de Trabajo y escritor
En 1978 nos dimos una Constitución que permitió el afianzamiento de la democracia. A pesar de sus evidentes limitaciones, su balance global ha sido extraordinariamente positivo. Se consagraron las libertades y el Estado de derecho, se fomentaron las políticas sociales, se abrió la economía y se nos permitió entrar con normalidad en la senda europea de bienestar y justicia. Hasta ahí todos de acuerdo. Más cuestionable sería el exceso de partitocracia que limita nuestra democracia, pero ésa es otra película que debería abordarse en esta reforma constitucional. También instauró en su título octavo el hecho autonómico, iniciando una profunda descentralización de un Estado tradicionalmente centralista.
Es en esta cuestión donde la polémica ha seguido viva desde entonces. Para unos, las autonomías han ido demasiado lejos, debilitando el Estado, y para otros, se quedaron cortas, reclamando mayores dosis de autogobierno. Desde mi infancia recuerdo el debate expresado entre el "España se rompe" de unos y el "España nos coloniza" de otros.
Pero, a pesar de ello, el balance de las autonomías también ha resultado francamente positivo. La descentralización ha generado una redistribución de los centros de poder y una mejora de autoestima de los que despectivamente se denominó "de provincias", al tiempo que ha permitido que aflorasen las identidades culturales e históricas de los pueblos que componen España, que fueron duramente reprimidas durante demasiados años.
La Constitución dictaminó dos niveles de autonomía: las de primera, contempladas en el artículo 151, y las de segunda, en el artículo 143. En el primero de ellos se incluyeron las que gozaron de autonomía en el Segunda República --Catalunya, País Vasco y Galicia-- y en el segundo, el resto. El pueblo andaluz se levantó contra aquella injusta discriminación, y mediante referendo --el único que se ha celebrado para esta cuestión-- logró incorporarse al pelotón de cabeza. A raíz de eso se impuso el café con leche para todos, y los diversos territorios alcanzaron similares niveles de autonomía.
Casi 30 años después, se están reformando los estatutos de autonomía. Es normal que así sea. Muchas han sido las cosas que han cambiado, y las normas deben aspirar a regular las nuevas realidades. Y, como no podía ser de otra forma, se han abierto las cajas de los truenos. Las banderas y las naciones vuelven a confrontarse en la escena política. No debemos alarmarnos por ello. Ha sido nuestro escenario político ordinario durante mucho tiempo, y más vale que estas cosas se zarandeen en público que se corrompan en la clandestinidad.
TRAS EL fracaso del plan Ibarrexte, fue el Estatuto de Catalunya el que abrió la senda que será referencia para los que le sigan. Por tanto, es normal que desde el resto de España se observe con detenimiento su tramitación. Escribo desde la periferia, y entiendo que la dinámica de descentralización que se abre redundará en beneficio de todos. Ni España se romperá ni tampoco se dinamitará la unidad de mercado que ya consagra no sólo el Estado, sino también la misma Unión Europea. Desdramaticemos pues el debate.
¿Cuáles son, en última instancia, los temores que suscitan los planteamientos catalanes?
Al resto de España ya no le afectan los aspectos competenciales, puesto que terminarán disfrutando de idénticos niveles. El tema de la lengua es siempre conflictivo, aunque la realidad lingüística catalana es bien distinta a la que se nos muestra. Y parece que el término nación ha encontrado un acomodo que resulta constitucional y satisface las apetencias nacionalistas. Bienhallado sea. Nos quedaría entonces el asunto de la financiación. No será fácil, y las espadas se mantienen en alto. No debemos rompernos las vestiduras porque desde Andalucía se entienda que las propuestas financieras de las tierras más ricas puedan romper la solidaridad de la que se ha beneficiado y gracias a la cual está saliendo de su secular retraso, permitiéndole, progresivamente, convertirse en una tierra competitiva y autosostenible. La solidaridad debe mantenerse mediante un flujo financiero desde las zonas más ricas a las más pobres.
POR ESO, los criterios de PIB nos parecen profundamente insolidarios. Más o menos sería como decir que el Ayuntamiento de Barcelona invirtiera más en los barrios más ricos, porque en ellos recauda más impuestos, o que los fondos de cohesión europeos beneficiaran a Holanda y Alemania por ser los mayores contribuyentes frente a países más pobres y menos pagadores. Ni se puede romper la solidaridad en Europa, ni se debe hacer en España. Es normal que las propuestas catalanas levanten rechazo incluso en los más partidarios de la descentralización.
Ese sentimiento está fuertemente extendido entre la mayoría de la población. Por eso, los partidos de la oposición harán uso de ese íntimo rechazo. La reciente campaña del PP en Andalucía va en esa línea y aunque es cierto que incrementan los agravios entre territorios, no es menos cierto que cala entre la población andaluza porque reproduce lo que una parte importante de ella piensa. No nos gusta, por más que sea habitual, este tipo de manipulación en campañas políticas. En muchas ocasiones he leído en periódicos catalanes aquello de la hipoteca con la que nacen sus ciudadanos con respecto a Extremadura y Andalucía. Era legítimo, pero también incrementaban el agravio entre territorios. Malo.
Debemos reconducir el debate financiero a la multilateralidad. Únicamente así se lograrán erradicar los lógicos temores de resultar perjudicados por la mesa bilateral en la que se juegan nuestros cuartos, pero a la que no hemos sido invitados.
A mi me parece que las Asociaciones de Víctimas, todas, son unas hipócritas, porque están azuzando a los partidos políticos en vez de ponerse de acuerdo entre ellas, y luego vienen pidiendo unidad, cual ¿la que ellas mismas han destrozado?.
Menuda panda de sinvergüenzas.
JOSEP Borrell
Presidente del Parlamento Europeo
Un año después de nuestro referendo sobre la Constitución Europea, la crisis abierta por el no francés y holandés parece más profunda de lo que imaginábamos. El periodo de reflexión decidido por el Consejo Europeo estuvo vacío de contenido durante la presidencia británica. Austria lo ha retomado con mayor entusiasmo y los debates florecen. Pero no se perciben soluciones operativas y la reflexión se prorrogará hasta la presidencia alemana. Es decir, hasta después de que las elecciones presidenciales en Francia y legislativas en Holanda clarifiquen el escenario político.
El acuerdo del último Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras fue un alivio. Pero el Parlamento Europeo (PE) lo rechazó porque sólo reflejaba un equilibrio entre los egoísmos nacionales. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las tres instituciones van despacio y ya no queda mucho tiempo antes del consejo de marzo. Cualquiera que sea el resultado, lo cierto es que ese proyecto carece de ambición europea y que muchas de las ambiciones declaradas deberán ser revisadas a la baja. En particular, las relacionadas con la investigación, competitividad, política exterior, educación, redes transeuropeas, ciudadanía y desarrollo rural.
El desgraciado asunto de las caricaturas de Mahoma, anécdota convertida en categoría, ha puesto en cuestión la capacidad de Europa de tener el papel esencial de puente entre civilizaciones. El Consejo de Ministros de Exteriores, como antes el Europarlamento, se ha esforzado en cerrar este episodio lamentando el carácter ofensivo de dichas caricaturas y pidiendo que la libertad de expresión se ejerza desde el respeto por las creencias religiosas. El tema se presta a todos los maniqueísmos, pero debemos extraer lecciones de lo ocurrido. Sabemos que vivimos todos en el mismo mundo, cada vez más pequeño e interdependiente, del que nadie es el centro. Actuemos en consecuencia. No echemos leña al fuego que sólo favorece a los islamistas radicales y a la extrema derecha europea. Y tengamos en cuenta los sentimientos de injusticia, dominación y humillación de una parte muy importante del mundo musulmán hacia Occidente.
LA OLEADA de OPA hostiles y de proyectos de fusión que afectan a varias empresas de los sectores de la energía y del acero muestra también las divergencias ante el proyecto europeo. Primero fue Mittal y su OPA sobre Arcelor, que produjo reacciones antagónicas. Para unos es un asunto limitado al interés de los accionistas, que el mercado decidirá y frente al cual los responsables políticos nada tienen que decir ni hacer. Para otros, Europa se enfrenta a un riesgo de desestabilización masiva frente a la presión del capitalismo mundial y se trata de una cuestión de supervivencia. Es la posición del Gobierno luxemburgués, y los sindicatos del metal anuncian su firme oposición. Incluso hay quien cree, como el exprimer ministro francés Rocard, que el asunto es tan grave que una ley europea debería prohibir esta clase de OPA hostil.
La razón es que el Asia emergente estará en poco tiempo en condiciones de opar todas las empresas europeas y también las americanas. En efecto, frente a un precio único en un mercado global, las diferencias de salarios les permiten beneficios imposibles de lograr en los países desarrollados. Es preocupante que puntos de vista tan radicalmente diferentes coexistan en los gobiernos y las instituciones europeas
Parecido problema se plantea, a escala interna europea, por la OPA de Enel sobre Suez y la de E.ON sobre Endesa, y las reacciones de los gobiernos francés y español. París fusiona Suez con Gaz de France y provoca la cólera de Roma, y Madrid anuncia su oposición al intento de una empresa alemana de controlar una parte importante del sector eléctrico español. Estas reacciones afectan a terceros países. En Bélgica, cuyo principal generador eléctrico, Electrabel, es una filial de Suez, se teme caer bajo el control del Estado francés. Al revés, la oposición socialista francesa cree que la fusión no es sino una forma para privatizar Gaz de France por la puerta de atrás.
Tiene razón el Gobierno español al señalar que éstas no son formas de proceder, que España tiene sus propios intereses estratégicos y que difícilmente puede surgir un grupo integrado a escala supranacional a través de OPA hostiles. No hay nada de sorprendente en que tanto el Gobierno español como el francés prefieran la fusión de dos de sus empresas a que una de ellas pase a estar bajo control de una empresa de otro país. Pero lo cierto es que lo público y lo privado, o lo nacional y lo extranjero, se enfrentan de nuevo en un espacio económico basado en la libre circulación del capital y la libre competencia, mientras la dimensión europea brilla por su ausencia. Y, sin embargo, nada debería ser más urgente para Europa que una política energética y una estrategia industrial capaz de hacer frente a los riesgos en el aprovisionamiento, las exigencias ambientales y las inversiones necesarias --700.000 millones de euros en 20 años-- para garantizar la demanda futura.
EN REALIDAD, la Europa de los gigantes energéticos está naciendo. La concentración de operadores continuará, tanto por exigencias tecnológicas, como por los grandes beneficios acumulados por empresas que disfrutan de rentas de cuasi-monopolio en un mercado fragmentado. Es una gran ocasión para demostrar el valor añadido de Europa. Para ello haría falta salir del actual impasse y disponer de instituciones capaces de funcionar adecuadamente ante los nuevos retos a los que se enfrenta la UE ampliada. Como ha demostrado el PE al reformar completamente el proyecto de liberalización del sector servicios, que tanto influyó en el no que nos ha instalado en la actual crisis.
MANUEL ALTOZANO - Madrid
EL PAÍS - España - 05-03-2006
Los progresistas creen que la Constitución obliga a Hernando a acudir al CongresoDos semanas de tregua y vuelta al conflicto. Después de la aprobación de un informe contrario al Estatuto de Cataluña que ni el Parlamento ni el Gobierno le habían pedido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en el que los vocales propuestos por el PP son mayoría- ha planteado un nuevo pulso al Congreso con la negativa de su presidente, Francisco José Hernando, a comparecer ante la Comisión de Justicia. Es el último capítulo de un desencuentro que comenzó con la llegada del PSOE al Gobierno. Éstos son algunos de sus momentos más sonados.
- Una cita y cuatro excusas. El pasado 21 de febrero, el Congreso acordó citar a Hernando "para informar de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo", según el orden del día de la Comisión de Justicia, para el 8 de marzo. Desde entonces, el presidente ha intentado hasta en cuatro ocasiones esquivar esa cita. Su primera excusa tenía que ver con su agenda. El Consejo tenía prevista para ese día su reunión plenaria quincenal. Para evitar la coincidencia, la Cámara decidió adelantar su reunión un día.
El martes fueron sus compañeros del sector conservador del CGPJ los que le aconsejaron que no asistiera a la comisión basándose en que su objeto era comentar el cambio de criterio en la aplicación de las penas que el Supremo impuso con la sentencia al etarra Henri Parot. "Las sentencias se explican por sí mismas", argumentaron los vocales del sector mayoritario.
En la Sala de Gobierno del Supremo, Hernando buscó el jueves nuevos apoyos para justificar una negativa a comparecer, pidiendo opinión sobre la procedencia de informar sobre Parot. "La Sala de Gobierno no estima oportuno, con carácter general, que el presidente del Supremo, en su condición de tal, comparezca ante las Cámaras para tratar sobre decisiones jurisdiccionales", decía el acuerdo, que evitó referirse expresamente a la cita del día 7, según miembros de esa Sala. Con ese documento y el apoyo de sus vocales más cercanos, el presidente pidió al Congreso que reconsiderase su convocatoria.
Los vocales progresistas coinciden con la mayoría en que Hernando no puede comentar ni explicar decisiones judiciales, pero aseguran que la Constitución le obliga a comparecer. "Hernando debe acudir, aunque debe evitar contestar sobre casos concretos", explicaron. Los conservadores consideran sin embargo que esa obligación constitucional sólo afecta a las comisiones de investigación y no a las ordinarias, como la de Justicia.
- Cuando el presidente habla. Hernando, la autoridad judicial más importante de España, está al frente del órgano que garantiza la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, comenta a menudo asuntos que debate el Legislativo y sus declaraciones suelen coincidir con los postulados del PP, partido del que, por ejemplo, ha asumido la tesis de que "el Estatuto [catalán] no se puede reformar a espaldas de 10 millones de españoles". En enero, el presidente comparó el aprendizaje del catalán entre los jueces con las sevillanas, con el consiguiente revuelo entre los partidos catalanes, y a principios de febrero avaló la propuesta de referéndum contra el Estatuto para la que el PP pide firmas.
- Jueces contra diputados. Los acuerdos del CGPJ también suelen chocar con los asuntos del Parlamento. Tras la redacción del proyecto de ley sobre el matrimonio gay, los votos de los conservadores bastaron para aprobar un informe en la Comisión de Estudios que ni el Parlamento ni el Gobierno habían solicitado, y en el que comparaban esa institución con la unión entre un hombre y un animal o varias personas. La referencia animal se eliminó en la votación en el pleno, donde los conservadores volvieron a aprobarlo. El pasado noviembre, esa misma comisión aprobó otro informe contrario a la propuesta de Estatuto días después de que el Congreso rechazara expresamente una propuesta del PP para pedirle opinión. La Cámara reaccionó con tres resoluciones que exigían que no interfiriera en la labor legislativa, pero el 25 de enero, dos días después de que el Gobierno y CiU acordaran las enmiendas al texto, el pleno aprobó el informe junto a una declaración en la que retaba al Congreso a acudir al Constitucional si consideraba que el Consejo se extralimitaba.
- Difícil renovación. El mandato del CGPJ caduca en noviembre, pero con toda probabilidad se prorrogará hasta bien entrado 2007. Las formaciones que apoyan al Gobierno socialista en el Congreso no alcanzan los tres quintos necesarios para elegir nuevos vocales, y en el Senado, el PP es la fuerza más representada. Los vocales progresistas creen que en ese caso el Consejo debería quedar "en funciones" para decidir sólo sobre cuestiones de gestión. Los conservadores, sin embargo, se niegan a aceptarlo. "Somos el órgano de gobierno de los jueces y los jueces no se pueden quedar sin gobierno", concluye uno de ellos.
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